Editorial

Ningún argumento para una amnistía fiscal

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Escrito por Redacción

Las amnistías fiscales deben ser reprobadas puesto que atentan frontalmente contra el principio de justicia social, pero un mayor problema derivado de semejante treta es, a nuestro modo de ver, que parten de una premisa equivocada acerca de la función de los impuestos que es usada para tratar de legitimarlas.

Al contrario de lo que habitualmente se cree, y a pesar de ser parcialmente cierto en el actual marco institucional de la eurozona, los impuestos no sirven para financiar los gastos del Estado. La fiscalidad es el mecanismo por el cual el Estado crea demanda para su moneda imponiendo obligaciones en ella al resto de agentes, provocando así su aceptabilidad y transferibilidad generalizada. Incluso dentro de la cercenada función fiscal del estado Español, cuyo margen para gestionar el gasto total en la economía es perversamente estrecho desde el momento en que entregó su capacidad de emisión de moneda al Banco Central Europeo, los impuestos siguen desempeñando ese papel. Es decir, la autoridad pública ha debido gastar o prestar previamente su moneda para que los agentes privados hayan podido hacerse con ella para redimir sus obligaciones fiscales y atender a sus deseos de ahorro neto de activos financieros. Esta lógica pone al descubierto las cadenas y situación de dependencia y subordinación en que se encuentra la política fiscal de cada Estado con respecto a la política del Banco Central Europeo. A diferencia de aquellos que conservan su soberanía monetaria, el Estado español es a día de hoy usuario de una moneda que no emite y por tanto tiene que hacerse con ella antes de gastar.

El ambiente de histeria de déficit creado en la zona euro sirvió para justificar medidas extraordinarias, como una amnistía fiscal con la cual se pretendía aumentar la recaudación del Estado. Más de 30.000 contribuyentes se acogieron a esta medida que, según el Gobierno, conseguiría aflorar más de 40.000 millones de euros. Sin embargo, los datos facilitados por el propio Gobierno revelan que la recaudación ha sido la mitad de lo esperado. Muchos de los que ocultan sus patrimonios en el extranjero prefieren seguir un tiempo más en el anonimato.

Si España tiene problemas de ingresos para aumentar el espacio fiscal que le permita atender adecuadamente a cuestiones macroeconómicas tales como el desempleo, síntoma éste de un gasto total en la economía insuficiente, la solución está en recuperar la capacidad de emisión o exigir al BCE que respalde sus emisiones de deuda, no en recurrir a medidas que delatan improvisación y desesperación. Peor aún: el historial de corrupción y amiguismo de los políticos del Partido Popular nos hace temer que en realidad se trataba de hacer de la necesidad virtud y, aprovechando que la crisis podía utilizarse para justificar todos los desmanes y ocurrencias de este gobierno, echar un capote a amigos con depósitos en el extranjero que deseaban repatriar.

Desde la Teoría Monetaria Moderna hemos explicado que los impuestos deben desempeñar un papel socialmente útil. El Tribunal Constitucional acierta al declarar la inconstitucionalidad de la amnistía, aunque lamentablemente los beneficiados se han ido de rositas. Es una discriminación tan sangrante y arbitraria como la popularmente llamada “ley Beckham”, que permite a determinados profesionales extranjeros excelentemente pagados tributar a un tipo inferior al que les correspondería en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Son medidas que pervierten la progresividad del impuesto quebrantando la justicia social.

Desde Red MMT denunciamos la inutilidad de este tipo de medidas. El sostenimiento del valor de la moneda depende de que conseguir la moneda solo sea posible mediante la entrega de bienes y servicios al Estado y de la creación de una fuerte demanda por ella mediante los instrumentos tributarios; proceso que además destruye la moneda creada por la autoridad en el acto originario de gastar o prestar. Permitir que haya personas que puedan conservar el dinero en el anonimato y vender esos depósitos denominados en euros o pesetas para comprar depósitos en otros países, genera un proceso que deprecia nuestra moneda en los mercados de divisas. Los ahorros de estos evasores además son fugas del circuito económico que deprimen la actividad económica y provocan desempleo.

La gravedad del comportamiento de los evasores fiscales exige una respuesta de la sociedad con fuertes castigos penales y económicos. Un gobierno fiscalmente responsable no persigue de forma atolondrada un determinado guarismo en el saldo de sus cuentas sino que asegura el cumplimiento íntegro de las obligaciones fiscales aplicando la máxima dureza a quien las elude. Lo que está en juego es demasiado importante y no podemos consentir los comportamientos imprudentes, frívolos y lesivos del ministro Montoro.

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