Un plan de empleo de transición

Publicado originalmente en El Leviatán Desencadenado.

En cuanto tengamos un ambiente nuevo en el que hacer las cosas que sustituya al ambiente de negación asfixiante, el cerebro de todo el mundo se pondrá a funcionar y reclamarán nuestra atención masas cuyo carácter preciso sería imposible de especificar de antemano.

John Maynard Keynes

 

Ningún país, sin importar su riqueza, puede permitirse el derroche de sus recursos humanos. La desmoralización causada por el desempleo masivo es nuestra mayor extravagancia. Moralmente es la mayor amenaza a nuestro orden social.

Franklin D. Roosevelt.

 

El coste humano del desempleo

 

Dejar a alguien apto y capacitado para el trabajo fuera del mercado de empleo es uno de los actos más crueles que puede cometer una sociedad contra una persona. El desempleo involuntario —Orwell hablaba del “terror acechante del desempleo” (Orwell, 1943)—tiene unos costes muy elevados para el individuo que lo padece porque limita su capacidad de socialización y le hace caer en situaciones de pobreza. El individuo se integra en la sociedad a través de diversas instituciones como la escuela, las organizaciones políticas o el asociacionismo, pero sobre todo, a través de su participación en la actividad económica. Es probable que el empleo sea la institución más importante para integrar a un individuo en la sociedad. En el ejercicio de una actividad retribuida es donde una persona puede tejer una trama de relaciones con colegas, clientes y proveedores. Un desempleado pierde su conexión con esa red social y además su derecho a participar en el reparto de la tarta de bienes y servicios que produce una economía.

 

Un estudio del Urban Institute redactado por Austin Nichols, Josh Mitchell y Stephan Lindner en 2013 recopiló en un metanálisis la abundante bibliografía sobre las consecuencias del desempleo en el propio individuo afectado, su familia y su comunidad. El parado está condenado a esquilmar sus ahorros, si los tiene, o a vivir de la caridad o de las magras ayudas sociales que la sociedad decida graciosamente destinarle. Las situaciones de desempleo prolongado, si no se compensan con programas sociales eficaces, provocan una severa merma de ingresos que afectan al propio desempleado pero también a su familia, siendo uno de los principales factores que explican la caída en situaciones de exclusión social y la pobreza extrema. La repercusión de la pérdida de empleo puede ser devastadora para las familias, sobre todo cuando el desempleo afecta al cónyuge que aporta los mayores ingresos. Hay evidencia de que los niños cuyos padres han sufrido largos períodos de desempleo y mayores pérdidas de renta sufren un mayor detrimento de su bienestar emocional lo cual a su vez puede empeorar su rendimiento escolar y laboral futuro. Del Bono, Weber y Winter-Ebmer (2008) y Lindo (2010) demostraron que los despidos afectan a las tasas de fertilidad y Lindner y Peters (2013) hallaron efectos negativos causados por la pérdida de empleo de los padres en la estabilidad de las familias, especialmente para padres casados, uno de los factores a través de los cuales la pérdida de empleo afecta el bienestar infantil. El desempleo de los padres es obviamente la principal causa del fenómeno de la pobreza infantil. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2015 realizado por el INE, en España el 34,4% de los niños viven en riesgo de pobreza o de exclusión social, 1.388.474 viven en hogares que padecen pobreza severa y 2.461.008 niños viven en hogares con ingresos bajo el umbral de pobreza relativa (Save the Children, 2015). Un desempleado tiene más posibilidades de no poder hacer frente al pago de su hipoteca o de su alquiler y sufrir un desahucio o incluso acabar viviendo en la calle.  Las consecuencias del desempleo se prolongan en el tiempo pues, está documentado que, aunque encuentre un empleo es muy probable que el salario del nuevo puesto sea entre un 5 y un 15% menor que el que tenía el desempleado anteriormente. Esta merma de renta se perpetúa en el tiempo incluso varias décadas después de la pérdida del primer empleo. El efecto es mayor cuanto más larga es la duración del período de desempleo. Otros estudios han demostrado que las personas que han sufrido un episodio de desempleo tienen mayores probabilidades de sufrir mayor inestabilidad laboral en comparación con personas que no lo han sufrido (Nichols, Mitchell, & Lindner, 2013).

 

Las consecuencias se agravan con el tiempo de duración de la situación de desempleo. Al prolongarse la situación se reduce su capacidad de reincorporarse al mercado de trabajo, es decir, el desempleo se torna estructural. Las consecuencias van más allá del individuo porque repercuten muy negativamente en la estabilidad y bienestar de los hogares de las personas afectadas y reverberan en las comunidades donde las tasas de desempleo son elevadas. Cuanto más dura el período de desempleo más se deteriora el capital humano pues el parado no tiene la oportunidad de adquirir las capacidades, competencias y habilidades sociales que solo se pueden adquirir mediante la experiencia laboral. Una persona que ha pasado varios años fuera del mercado de trabajo o solo lo ha hecho de forma esporádica se convierte en poco ‘empleable’. Aunque se recupere con vigor el mercado de trabajo es muy probable que estas personas nunca vuelvan a tener un empleo. Cuando se producen los períodos de recuperación económica se suele observar un retardo en la eliminación de las bolsas de desempleo. De hecho las empresas empiezan contratando a los trabajadores más preparados y productivos. Esto implica que muchas de estas personas seguirán desempleados incluso en épocas de bonanza. Paradójicamente aquéllos que más urgente y desesperadamente necesitan un empleo, porque llevan desempleados más tiempo y probablemente hayan agotado todos sus ahorros y prestaciones sociales, son los que menos posibilidades tienen de conseguirlo.

 

Diversos estudios también han documentado el impacto en la salud mental de los parados, sobre todo por depresión. Se ha hallado que la mortalidad aumenta entre un 50 y un 100 por ciento el año siguiente a la pérdida del empleo y entre un 10 y un 15 en los siguientes dos décadas.  Un parado de larga duración tiene mayores posibilidades de acabar abandonando el mercado para solicitar una prestación por incapacidad pero una vez que se ha reconocido una situación de este tipo el camino de retorno es más dificultoso. Una persona a la que se le ha reconocido una incapacidad médica tendrá menos posibilidades de ser seleccionado para un puesto de trabajo y será más rápidamente descartada como candidata (Nichols, Mitchell, & Lindner, 2013).

 

Las comunidades que padecen elevadas tasas de desempleo también pueden experimentar efectos muy negativos. Si un porcentaje alto de sus vecinos se quedan en el paro, se destruyen redes sociales muy útiles para reactivar la actividad económica. Pueden crearse situaciones perniciosas en la que los desempleados solo se relación con otros en la misma situación lo cual solo puede dificultar el acceso a un puesto de trabajo ya que para la mayoría de las personas el acceso a los empleos suele surgir más fácilmente a partir de contactos sociales. La quiebra de relaciones personales; el aumento de las tasas de divorcio; y las situaciones de alcoholismo y otras conductas autodestructivas pueden reforzarse en un círculo vicioso que conduce a alteraciones en la conducta de una parte de los miembros de la comunidad. En zonas donde se concentra el desempleo se pueden observar un aumento de las conductas antisociales, la criminalidad, la violencia de género o el vandalismo. Una vez que una persona cae en conductas antisociales o en la criminalidad las probabilidades de que encuentre un empleo se reducen lo cual perpetúa sus efectos negativos y deteriora aún más la situación de la comunidad. En comunidades muy afectadas por estas lacras la pérdida de renta prolonga y profundiza la recesión porque sus efectos reverberan en todo el tejido social y empresarial provocando cierres de negocios en un nuevo ciclo que agrava el problema (Nichols, Mitchell, & Lindner, 2013).

 

La tolerancia a elevadas tasas de desempleo cuestiona la solidez de los valores de una sociedad. Es dudoso que se puedan incluir entre las naciones civilizadas aquellas que contemplan con indiferencia la suerte de sus conciudadanos menos afortunados. Las políticas de austeridad impuestas por Bruselas y sumisamente aceptadas por los políticos nacionales que obligan a recortar prestaciones —con consecuencias que éstos no padecen —  suelen ir acompañadas de un vacuo discurso sobre “los sacrificios” que debemos asumir para salir de la crisis, empeoran el drama humano. Estos discursos suelen ir precedidos de alocuciones simplistas y moralizantes sobre el derroche de recursos que nos habría llevado a la crisis y excusas acerca de la incapacidad de asumir mayor gasto social ante la magnitud de un déficit público insostenible. Pero el verdadero derroche de recursos es consentir que personas aptas para el trabajo se pudran en el desempleo. Claramente los términos del debate deben ser reformulados. Actuar contra el desempleo de forma decidida es una inversión en el futuro de una sociedad que mejorará la salud y el bienestar de todos los ciudadanos.

 

Solo existe desempleo en las sociedades monetarias

 

En el campo de la disciplina económica existe una teoría del bienestar integrado por dos teoremas. El primero afirma que el libre mercado tenderá a un equilibrio competitivo en el que la asignación de recursos y de bienes entre los agentes será óptima, en el sentido de Pareto. En el mundo fantástico de la economía de mercado imaginado en los manuales de economía no existen monopolios u oligopolios que puedan imponer los precios y todos los agentes cuentan con información perfecta sobre los precios, no padecen costes de transacción y pueden tomar las decisiones que maximizan su utilidad^[1]. En otras palabras, la economía sería como un juego en el que, una vez repartidas las cartas, todos los jugadores obtienen el mejor resultado posible con la baza que les ha tocado. El segundo teorema dice que, entre todos los posibles resultados óptimos, se puede conseguir uno en concreto mediante una redistribución de riqueza en un pago único y dejar que a continuación vuelva a actuar el mercado. Dicho de otro modo: en la gran partida de cartas de nuestra economía a algunos les han tocada malas cartas. Dándoles a los perdedores una pequeña ayuda podemos permitir que el juego del “libre” mercado continúe una ronda más. Estos teoremas inspiran la mayor parte de las políticas de bienestar: aceptamos el resultado que produzca el mercado y después teóricamente recaudamos impuestos entre los ganadores para entregarle una fracción de la renta a los perdedores y dejamos que vuelva a actuar el mercado. El mercado actúa como un croupier, repartiendo las cartas en cada partida en un juego que suelen perder casi siempre los mismos. El estado se limitaría a observar el resultado corrigiendo los resultados. Hay dos grandes problemas en este juego: algunos juegan con cartas marcadas y a otros muchos que querrían jugar ni siquiera les dan cartas. Adam Smith escribió que «el poder civil, el gobierno, al estar instituido para la seguridad de la propiedad, está en realidad, instituido para defender a los que poseen algo en contra de los que no tienen nada» (Smith, 1776, págs. Libro V, Capítulo I, Parte II). Quizás esta aguda observación de Smith explique la falta de eficacia de las políticas de bienestar.

 

En las sociedades modernas hay personas que, queriendo trabajar, no encuentran empleo. El fenómeno del desempleo involuntario solo puede existir en una economía monetaria. En una sociedad de cazadores y recolectores no existe paro porque todos están ocupados buscando alimento, reparando sus cabañas o fabricando flechas. El tránsito de las sociedades cazadoras recolectoras a las primeras civilizaciones se asocia a la creación de una jerarquía social que extrae parte de la producción de los trabajadores. En estas sociedades empezó a observarse una distribución de la riqueza y rentas menos equitativa pero todavía no existirían desempleados. Para que surgiera la bárbara costumbre de dejar que personas capaces y deseosas de trabajar no encuentren empleo tuvo que llegar la moneda. Anteriormente vimos el vínculo entre el origen de la moneda y la evolución de los sistemas tributarios. En las sociedades premonetarias el soberano se abastecía de fuerza de trabajo y recursos con mano de obra forzada o haciendo la guerra con mercenarios a los que se retribuía con el reparto del botín arrebatado al enemigo. En nuestra época el estado actúa de forma más civilizada. Crea desempleo porque quiere contratar personal —jueces, policías, bomberos, maestros, médicos, enfermeros, militares, etc…— para conseguir los fines públicos.  Para que haya gente dispuesta a cederle su tiempo o recursos al estado éste tiene que imponer antes un tributo monetario. El desempleo surge cuando se impone la obligación de pagar impuestos en la moneda del soberano.  Entonces los ciudadanos tienen que buscar la manera de hacerse con el dinero para pagar los tributos, ora trabajando para el estado, ora trabajando para otros que ya han conseguido dicho dinero del estado anteriormente.

 

Un ejemplo histórico nos permite entender el vínculo entre moneda, tributación y desempleo. A finales del siglo XIX las potencias europeas se repartieron el continente africano. En las colonias británicas de África como Sudáfrica, Zimbabue o Sierra Leona los británicos no podían asegurar una oferta de mano de obra regular para sus plantaciones de café. Los africanos se las apañaban muy bien viviendo de la caza, la pesca y sus cultivos tradicionales. Graeber explica que como reserva de valor los africanos utilizaban su ganado, no la moneda. El dinero británico no tenía demasiada utilidad en estas economías no monetarias ni siquiera como reserva de valor. Por eso las ofertas de empleo retribuido en libras esterlinas y chelines de los británicos no resultaban atractivas para la población nativa. Ante los reiterados fracasos de la administración colonial de abastecer de mano de obra los cafetales la solución no tardó en aparecer en la forma de impuestos. Los nuevos amos del país introdujeron un impuesto sobre el tamaño de las chozas, 10 chelines para las grandes y 5 para las pequeñas. Este impuesto era superior al precio del propio hecho imponible pero sirvió para generar una oferta de mano de obra. Donde antes no había voluntarios dispuestos a trabajar por un jornal ahora había un ejército de desempleados dispuestos a trabajar para los cafetales de los amos británicos. Un impuesto había creado la necesidad de conseguir libras esterlinas y por tanto un problema de desempleo que antes no había existido. El impuesto era tan injusto que provocó la Guerra del Impuesto sobre las Chozas cuando el Coronel Frederic Cardew decretó este impuesto en el protectorado recién anexionado a Gran Bretaña en 1898 (Graeber, 2011).  El levantamiento de los nativos liderado por el jefe Bai Bureh, que fue detenido por los británicos sin causa, acabó en disparos de los británicos contra sus seguidores. El levantamiento que siguió llevó a los ingleses a una política de tierra quemada que destruyó chozas, tierras de labor, pastos y aldeas enteras.

 

En Madagascar los franceses repitieron la experiencia. Cuenta Graeber que el general francés Galieni, quien completó la conquista de la isla en 1901, impuso un impuesto de capitación por cierto muy elevado. Este impuesto solo podía ser pagado en una moneda nueva, el franco malagasi que mandó imprimir el propio Galieni. Curiosamente se le llamó impuesto “moralizador” o “educativo” porque se pretendía enseñar a los nativos el valor del trabajo (Graeber, 2011, págs. 50-51). El objetivo real de Galieni era obligar a los malgaches a trabajar para él.

 

Estos ejemplos históricos nos ayudan a comprender la definición de desempleado como una persona que busca empleo para hacerse con dinero del estado. Evidentemente en nuestras sociedades monetarias esta afirmación es una simplificación. La gente puede buscar dinero para comprar bienes que se producen en el sector privado o devolver un préstamo a un banco. Pero la premisa inicial es necesariamente cierta: no puede haber desempleo en una sociedad que no sea monetaria.

 

¿Por qué se produce desempleo?

 

Al inicio de este capítulo vimos cómo la tributación crea una necesidad de conseguir moneda del estado. Estos demandantes de divisa se convierten en oferentes de trabajo o demandantes de moneda del estado. ¿Qué mecanismo conduce a que, una vez creada la oferta de empleo, la sociedad no quiera contratar a todos los oferentes? Según la explicación neoclásica sería un problema de precios: si hay desempleo solo puede ser porque los salarios son demasiado elevados. El desempleo por fuerza es voluntario ya que solo podría atribuirse a las preferencias de los trabajadores por el ocio. Si hay desempleo involuntario será porque los trabajadores incurren en prácticas anticompetitivas mediante la acción sindical o porque una legislación excesivamente rígida impide ajustes en los salarios. Liberalícense los mercados de trabajo rompiendo el poder de los sindicatos y acabando con la negociación colectiva, adecúese la oferta de empleo a las necesidades de las empresas con programas de formación y procúrese una reducción de los salarios y el problema se resolvería por sí mismo. Tal es la receta que nos propone el pensamiento económico vigente y tal era la que se proponía en tiempos de John Maynard Keynes durante la Gran Depresión del siglo pasado.

 

Una de las señas de identidad del keynesianismo siempre fue la preocupación por el desempleo involuntario. Keynes, un hombre formado en la escuela neoclásica, observó la devastación causada por la gran depresión en los años 30. En su búsqueda de una explicación rompió el consenso neoclásico sobre la explicación del desempleo como un problema de costes salariales e introdujo el concepto de empleo involuntario. En su “Teoría General” Keynes explicaba que el problema del desempleo de un nivel de demanda agregada insuficiente (Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 1943). La demanda se puede desagregar en consumo, gasto público, e inversión de las empresas. Necesariamente todo los que se produce va a ser destinado a alguno de estos tres usos. El factor que más influye en lo que cada uno consume es su renta. Los hogares tienden a consumir la mayor parte de su renta y esta relación entre renta y consumo se llama propensión al consumo. Sin embargo, cuanto más alta es la renta esta propensión decrece, es decir, los consumidores no gastan toda su renta ahorrando parte de ella. Cuanto más rico es un individuo menor será la parte de su renta que consume. Un hogar pobre consumirá prácticamente toda su renta mientras que un hogar rico podrá ahorrar parte de su renta. La inversión depende de decisiones de los empresarios y por tanto de su evaluación de los beneficios futuros y de los costes presentes. En la decisión de invertir influyen de forma determinante las expectativas sobre el consumo que vayan a hacer las familias en el futuro. Además la inversión origina sucesivos aumentos del consumo y de la renta en el futuro.

 

El dilema del capitalismo en las sociedades desarrolladas es que los hogares tienen tasas de ahorro mayores originando potenciales brechas entre la producción total y la que se destina a consumo. En las opulentas sociedades desarrolladas en las que gran parte de las necesidades materiales están satisfechas la fracción de renta dedica al consumo —la propensión a consumir— tenderá a decrecer. Sin embargo la identidad entre producción total, renta total y gasto se debe mantener. La inversión puede rellenar esta brecha entre consumo y producción total. El dilema imposible de resolver es que una propensión a consumir decreciente resta atractivo a las oportunidades de inversión y a la vez la inversión tiene que ser cada vez mayor para ocupar toda la capacidad productiva. Este dilema irresoluble explica por qué el capitalismo es propenso a ciclos prolongados de desempleo. En esencia tal sería la explicación que se puede encontrar en la Teoría General (Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 1943).

 

Esta explicación del ciclo económico sugiere que una política de pleno empleo debe basarse en estimular el gasto agregado y reserva un papel importante al estado. El número de empleados contratados dependerá en parte de la oferta de trabajadores adquirida por el sector privado; el resto deberá ser contratado por el estado o se quedará en una situación de desempleo. El número de trabajadores que contrata el sector privado depende de decisiones de los empresarios. Cuántos decidan emplear dependerá de la cantidad de productos y servicios que quieren fabricar u ofrecer y esta oferta dependerá a su vez de la cantidad que puedan vender. A su vez la cantidad de producto que puede venderse depende de la cantidad de dinero que los consumidores decidan emplear en comprar. Una política de pleno empleo debe consistir, por tanto, en medidas para alcanzar y mantener el ritmo adecuado de gasto monetario total (Lerner, Economía del Pleno Empleo, 1957, págs. 40-42). Hemos visto que los consumidores no siempre querrán gastar su renta y preferirán ahorrar una parte y que, si los empresarios no quieren cubrir esa brecha con inversión, parte de la producción se quedará sin vender y por tanto se generará desempleo. Por tanto la única manera de mantener el empleo satisfaciendo a la vez ese deseo de los hogares de ahorrar es que el estado esté dispuesto a aumentar su gasto incurriendo en un déficit. Solo el estado puede ejercer una función de amortiguación en las oscilaciones de la demanda privada que genera el ciclo de negocios capitalista.

 

Si el estado se anima a contratar a todos los desempleados creará un déficit que podríamos definir como ‘déficit de pleno empleo’. Si por el contrario el estado decide solo contratar a una fracción de esos desempleados el déficit será más bajo pero habrá desempleo. Imaginemos un escenario en el que el estado decide aplicar políticas de austeridad coincidiendo con una situación de caída de la demanda privada. Esta política podría consistir en un recorte del gasto público o en una subida de impuestos o una combinación de ambas. Un recorte del gasto podría reducir el empleo público directamente pero también el empleo privado dependiente del gasto público (contratas, obras públicas, colegios públicos y concertados, etc…) y por tanto aumentará el desempleo. Una subida de impuestos detraería poder adquisitivo del sector privado. Si los hogares quieren conseguir un determinado nivel de consumo o de ahorros tratarán de recuperar el dinero que ha detraído el estado buscando empleo remunerado, lo cual de nuevo causaría un aumento del desempleo. Podemos concluir que el estado puede elegir el nivel de desempleo que tiene un país y afirmar que tiene la responsabilidad de asegurar el mantenimiento del pleno empleo. Por eso el economista estadounidense Warren Mosler nos reta con la siguiente pregunta «¿qué sentido tiene que el estado deje desempleada a más gente de la que quiere contratar?»

 

Desempleo o inflación

 

Según la explicación keynesiana si existe un volumen insuficiente de empleo la causa sería un volumen insuficiente de gasto en el sistema económico. Para corregirlo bastaría con aumentar el gasto total. Pero si el gasto es excesivo se produce un riesgo de crear inflación.  En 1958 el economista neozelandés, William Phillips, al estudiar datos correspondiente a un determinado período de la economía británica, describió una relación inversa entre tasa de inflación y tasa de desempleo. En períodos de desempleo elevado los salarios eran estables y no crecían mientras que en períodos de bajo desempleo los salarios crecían (Phillips, 1958). A partir de esta observación los economistas americanos Paul Samuelson, anteriormente citado, y Robert Solow (Samuelson & Solow, 1960), establecieron una relación inversa entre precios y desempleo. Si queríamos pleno empleo, habría que aceptar una presión al alza de los precios y, si queríamos moderar los precios, habría que aumentar el desempleo^[2].

Ilustración 1. Curva de Philips estilizada.[3]

 

Hasta los años 70 los gobiernos aplicaron políticas que fomentaban el crecimiento de la demanda para crear empleo. Sin embargo, estas políticas tendían a provocar un “sobrecalentamiento” de la economía y una presión al alza de los precios.  Para evitar el “sobrecalentamiento” de la economía, una vez alcanzado el pleno empleo, los gobiernos se creían obligados a retirar los estímulos. Estas oscilaciones en las políticas generaban ciclos de “boom and bust”, expansiones seguidas de recesiones y caídas en el nivel de empleo. Si bien las tasas de inflación fueron moderadas hasta los años 70, la experiencia demostraba que los estímulos fiscales prolongados podían provocar un exceso de la demanda sobre la oferta, cuellos de botella en el suministro de bienes y tensiones inflacionistas.  Las políticas primaban el estímulo de la inversión debido a su potente efecto multiplicador sobre la renta. Sin embargo mantener niveles elevados de inversión requiere que estas decisiones de los empresarios sean validadas por crecimientos aún mayores del consumo en el futuro lo cual, además de problemas medioambientales, a la larga exacerba el problema de mantener niveles de consumo y gasto compatibles con el pleno empleo.

Ilustración 2. Curva de Phillips real para la economía española.

 

La creación de desempleo en nuestra sociedad contemporánea ya no tiene el objetivo de abastecer de recursos reales al estado. El interés en dejar a personas capaces y deseosas de trabajar sin empleo es más cínico: se trata de disciplinar a la clase trabajadora para proteger los beneficios de la clase capitalista. Hasta mediados los años 70 del siglo XX el estado se sentía obligado a asegurar el pleno empleo. El episodio inflacionista de los años 70 se debió antes al shock provocado por la subida del precio del petróleo impuesto por el cártel que domina su producción que a un recalentamiento causado por el pleno empleo. Desde entonces la justificación para dejar a millones de personas sin empleo ha sido la lucha contra la inflación.  El episodio inflacionista causado por el shock petrolero fue hábilmente aprovechado para enterrar al keynesianismo. El espantajo de la inflación, agitado desde los medios, las organizaciones empresariales y los economistas ortodoxos, se ha considerado una utilísima herramienta para disciplinar a la fuerza laboral. En términos marxistas, la idea subyacente sigue siendo generar la de un “ejército industrial de reserva” para asegurar el sometimiento de los trabajadores.  El neoliberalismo aborrece del pleno empleo porque implica el empoderamiento de la clase trabajadora^[4].

 

Sin embargo, la aproximación keynesiana al pleno empleo también merece una crítica. Crear empleo de forma indirecta estimulando el gasto del sector privado es la forma menos eficaz de ocupar a todos los parados. Por una parte estas políticas nunca consiguen el vaciamiento del mercado de trabajo porque, cuando se produce una recuperación, las empresas contratan primero a los trabajadores más cualificados y productivos. Esto quiere decir que quedan cohortes de personas sin contratar incluso en períodos de auge económico. Por otra parte estas políticas obligan a realizar políticas de gasto público que generaron tensiones inflacionistas en el siglo XX. Una política más eficaz y económica sería que el estado contratara directamente a todas aquellas personas que quieren trabajar y no encuentran empleo el sector privado.

 

Plan de Empleo de Transición

 

La primera regla de la política fiscal responsable es que el gobierno mantenga el nivel de demanda en un nivel razonable de forma constante. Un desempleo elevado sería un síntoma de que el estado no estaría gastando lo suficiente para conseguir el objetivo de pleno empleo. Una tasa de desempleo elevada no es una maldición bíblica sino una decisión política. Hasta ahora el factor trabajo se ha empleado como la variable de ajuste: si el crecimiento de los precios se convertía en una amenaza la respuesta ha sido utilizar el desempleo para contener los salarios y evitar que estos se transmitieran por la vía de los costes empresariales a los precios.

 

El estado tiene herramientas para corregir esta situación. Desde 1971, año en el que EEUU desmanteló el sistema monetario de Bretton Woods, basado en el patrón oro, ningún gobierno soberano emisor está restringido en el nivel de gasto en su propia moneda. El gobierno crea y emite la moneda y por tanto puede comprar todo aquello que se encuentre a la venta en su propio territorio con su propia moneda. Esto incluye la mano de obra desempleada.  Si en los ciclos coyunturales de la economía se produce una caída de la demanda del sector privado que provoca un aumento del desempleo el estado puede rellenar la brecha en la demanda nacional y mantener el nivel de empleo. Si hay gente que quiere trabajar y el sector privado no quiere emplearlos, puede hacerlo el estado.

 

Tras la intensa destrucción de empleo causada por la crisis iniciada en 2007 el número de desempleados actuales es tan elevado que al ritmo de creación de empleo actual es improbable que en España recuperemos las tasas de empleo anteriores a la crisis hasta el año 2020. Un elevado porcentaje de personas lleva ya varios años en paro y además han agotado las prestaciones de desempleo. Según datos del INE, un 22% de los desempleados, más de 1,2 millones de personas, llevaban en 2015 más de 4 años en el paro y 2,1 millones más de dos años. Muchas personas mayores de 45 años expulsadas del mercado de trabajo al principio de la crisis nunca volverán a trabajar. Los jóvenes españoles que se han incorporado al mercado de trabajo después de la CFG serán una generación perdida. Muchos no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo en un período crítico de su formación como futuros trabajadores. Ni siquiera tienen acceso a una prestación de desempleo dado que nunca pudieron cotizar a la Seguridad Social. Es posible que muchas de estas personas caigan en situaciones de pobreza severa y exclusión social. No se puede esperar que esta bolsa de desempleados sea absorbida alguna vez por el sector privado porque muchos de estos trabajadores han sufrido una fuerte descapitalización o carecen de habilidades profesionales por tanto resultan poco productivos para las empresas.

 

Sin embargo, la buena noticia es que acabar con el desempleo involuntario es posible en un plazo relativamente breve. Ante la realidad de que el sector privado no puede resolver un problema proponemos una política basada en dos pilares: un plan de empleo de transición o garantizado y un fortalecimiento del estado social con un programa de ampliación del empleo público. Analizaremos el programa del empleo de transición en primer lugar y la ampliación del empleo público en un epígrafe posterior.

 

El plan de empleo garantizado obliga al estado a contratar directamente a los trabajadores que no quiere el sector privado.  A diferencia del sector privado, al estado no le guía el objetivo de maximizar el beneficio y, por tanto, puede permitirse ejecutar proyectos cuyo objetivo sea maximizar el empleo. Puede instituir programas de Empleo de Transición (ET) o Trabajo Garantizado en los que el estado ofrezca un puesto de trabajo a todo aquél que sea apto y esté dispuesto para trabajar.  Randall Wray explica que esta solución «fue propuesta durante los años 1930 como contrapartida a las operaciones del banco central como prestamistas de “último recurso”. Así como la política monetaria del banco central incluiría la provisión de préstamos y reservas a cualquier banco que no pudiera obtenerlos de otro modo, la política fiscal del tesoro incluiría la provisión de puestos de trabajo a trabajadores que no consiguieran encontrarlos en el mercado» (Wray, Modern Money Theory, A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, 2012, pág. 240). Un programa de ET eliminaría la lacra del desempleo de las economías capitalistas modernas y con ello todos los problemas que trágicamente destruyen las vidas de las personas afectadas.

 

El programa de ET debe aprovechar al máximo las potencialidades del individuo para asegurar su motivación. No se trata de un plan de formación. La oportunidad de ofrecer formación en el puesto de trabajo será útil si el trabajador está interesado en aprovecharla pero no debe condicionarse la oferta a la formación. Es primordial recalcar que se trata de un programa de participación voluntaria y no se obligará a nadie a trabajar si no lo desea.  Las condiciones contractuales serían las mismas que las ofrecidas a cualquier otro trabajador en el mercado privado. Es probable que muchas personas no querrán participar porque sobre todo aquéllas con mayor nivel formativo preferirían seguir buscando un empleo en el sector privado. No obstante, la existencia del programa contribuiría a mejorar las condiciones de todos los trabajadores pues las empresas sabrán que, para competir con el empleador público, tendrán que ofrecer condiciones laborales al menos tan buenas como las que ofrece el estado.

 

El programa de ET es una herramienta de política fiscal muy potente que puede llevar la economía al pleno empleo sin generar tensiones inflacionistas. El estado ofrecería un jornal fijo que se mantendría relativamente constante, revisándose gradualmente al alza de forma acompasada al crecimiento de la productividad de la economía. Esto tiene la ventaja de que se impone un anclaje a los salarios lo cual evita entrar en espirales deflacionistas cuando aumenta el desempleo como la que estamos viviendo en España en estos momentos. El mantenimiento de los salarios en los programas de trabajo de transición aseguraría que no se produjeran drásticas caídas de precios. Asimismo, el salario del programa de ET tendría un efecto antiinflacionista porque, en el caso de que los trabajadores aumentaran sus demandas salariales por encima de lo razonable, los empresarios podrían recurrir al pool de trabajadores contratados por los programas de ET que accederían a trabajar para ellos si se les ofreciera una remuneración y condiciones de trabajo mejores. En cierto sentido el estado actuaría como un operador del mercado que mantiene una reserva de estabilización, del mismo modo que hay operadores de mercado que mantienen stocks de petróleo u otras materias primas para asegurar la estabilidad de sus precios de mercado. Otra analogía es el papel de los bancos centrales, los cuales inyectan o absorben excedentes de reservas del sistema bancario estabilizando de esa manera los tipos de interés. De forma similar el programa de ET absorbería los excedentes de mano de obra durante períodos recesivos. En momentos de recuperación de la demanda, el sector privado podría contratar trabajadores de la reserva del estado. El estado no pondría obstáculos a la salida voluntaria de trabajadores de su programa de ET pues su misión es mantener un stock de reserva empleable por el sector privado. A los empresarios les bastaría con ofrecer un jornal que igualara o estuviera por encima del que ofrece el estado. La existencia de este salario aseguraría que el salario en la empresa privada nunca cayera por debajo de dicho nivel, ya que en ese caso los trabajadores optarían por abandonar la empresa privada y sumarse a los programas de trabajo de transición.

 

Los planes de trabajo de transición tendrían que llevarse a cabo a cambio de un salario común para todos los trabajadores de estos planes que asumiría de facto el papel de salario mínimo de referencia para toda la economía. En realidad el ET elimina la necesidad de legislar sobre el salario mínimo ya que una vez definido el salario para los participantes en el programa, el estado habrá definido en la práctica cual es el suelo salarial para toda la economía. Dicho salario debería permitir un nivel de vida digno. Según la encuesta anual de estructura salarial realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2014, el salario bruto anual medio se situaba en 22.858,17 euros mientras que el salario más frecuente era de 16.490,80 euros. El salario mínimo interprofesional (SMI) debería alcanzar al menos el 60% del salario medio, siguiendo el criterio de la Carta Social Europea y esta referencia nos puede servir de orientación. Esto implica una retribución de 13.714 euros al año o 14 pagas mensuales de 980 euros. El salario ofrecido por el estado debería situarse en torno al salario definido de esta forma y variar en función de criterios objetivos como la formación y experiencia de los participantes o el coste de vida en cada territorio.

 

Según la citada encuesta el salario medio de las mujeres fue en 2014 de 19.744,82 euros, casi un 14% inferior al de los varones. El programa de ET podría tener un impacto en la igualación de los salarios contribuyendo al desarrollo de una economía más inclusiva. También podría ayudar a reducir las fuertes disparidades regionales que se dan en España entre el norte y el sur o entre campo y ciudad. En definitiva el programa de ET no solo resuelve el problema del reparto de la renta, también facilita un modelo económico más inclusivo que permite reducir la exclusión social, facilita la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la igualación de los salarios para reducir las diferencias de género.

 

¿Cuántas personas participarían en el programa? Consideramos probable que los candidatos serán en su mayoría personas que han padecido situaciones de desempleo prolongadas. Teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia laboral española el programa debería estar preparado para acoger a un número muy elevado de personas. Las estadísticas de desempleo prolongado nos sugieren que podríamos contar con no menos de 1 millón de solicitudes y posiblemente no más de 2 millones. Combinado con un programa de expansión del empleo público y la reactivación de la demanda en el sector privado, el programa reduciría el problema del desempleo con gran celeridad.

 

Otras experiencias históricas demuestran la utilidad y potencia de este tipo de programas para acabar con el desempleo. El New Deal de los EEUU en los años 30 creó dos programas, el Civilian Conservation Corps y la Works Program Administration que dieron trabajo a cerca de 13 millones de personas y dejaron un legado de edificios públicos, carreteras, ferrocarriles y puentes (L. Wray, 1998). Es probable que el impacto de esos programas repercutiera en el progreso de EEUU hacia la hegemonía económica de la posguerra. Durante la crisis provocada por la convertibilidad del peso y su posterior abandono, Argentina vio cómo su tasa de desempleo alcanzaba el 21% y la renta del 50% de la población cayó bajo el umbral de la pobreza. En abril de 2002 el gobierno de Argentina implantó el programa Jefes de Hogar que ofrecía una retribución de 150 pesos al mes por cuatro horas de trabajo diarias. Si bien no se trataba de un programa de trabajo garantizado universal, pues solo contemplaba la contratación a media jornada de un cabeza de familia en familias empobrecidas, permitió la creación de 2 millones de puestos de trabajo, el 13% de la población activa. La falta de universalidad y la media jornada fueron sendos errores de planteamiento puesto que el primero alentó acusaciones de clientelismo y el segundo permitía la participación en el mercado sumergido durante la mitad de la jornada. Pese a sus carencias, el programa Jefes tuvo un impacto en la estabilización de la economía y la rápida recuperación económica que siguió al “corralito”. Paradójicamente, aunque el programa se diseñó para ofrecer un puesto de trabajo al cabeza de familia, fueron las mujeres las que mayoritariamente se inscribieron en él. Los hombres prefirieron seguir buscando trabajo en el sector privado.  Por eso un efecto colateral positivo fue la incorporación de mujeres al mercado laboral (Wray, Modern Money Theory, A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, 2012).

 

En la India se aprobó en 2005 la Ley de Garantía de Empleo Rural que obliga al estado a ofrecer un puesto de trabajo en proyectos de obras públicas a cualquiera que viviera en zonas rurales. Tras la crisis financiera asiática Corea del Sur implantó un Plan Maestro para Resolver el Desempleo que llegó a absorber el 10% del presupuesto del estado. Hoy Corea del Sur es una economía próspera que con tasas de actividad y empleo muy superiores a las de España (Kwon, 2002).

 

Si asumimos que se contratarían entre uno y dos millones de personas, al menos durante el primer año de funcionamiento, el programa de ET tendría un coste salarial que oscilaría entre 15 y 27 mil millones de euros al año. A quienes escandalicen tales cifras habría que recordarles que el rescate de nuestro sistema bancario tuvo un coste parecido para el estado. Resulta difícil explicar por qué, para nuestra sociedad, resulta fácil de justificar emplear tal cantidad de recursos en salvar unas entidades financieras que posiblemente habría sido más apropiado dejar caer o nacionalizar, que acudir al rescate de personas que no tienen ninguna otra oportunidad de salir de la pobreza. Es dudoso que el rescate bancario haya servido para reactivar el crédito y la inversión. En cambio creemos que el retorno económico y social del programa de ET permitiría rentabilizar esta inversión sin demasiada dificultad, simplemente por el efecto multiplicador del gasto público en una situación de profunda anemia de la demanda.  Prácticamente el 100% de los salarios de los partícipes del ET se destinarían al consumo, lo cual tendría un impacto inmediato en la reactivación de la demanda efectiva en nuestro país. Supondría un shock positivo y muy contundente para estimular nuestra anémica demanda. El ET beneficiaría a la cohorte de la población más necesitada y depauperada. Imaginemos a esa madre soltera de dos hijos que ha sido desahuciada y lleva desempleada dos años; o ese antiguo empleado de la construcción sin estudios que lleva desempleado la mayor parte de los últimos cuatro años salvo alguna chapuza ocasional, quizás cobrando en negro. Es más que probable que estas personas utilizaran su salario para atender gastos de primera necesidad: vivienda, alimentación, energía o transporte. Serviría para pagar esas facturas atrasadas del alquiler; ir al supermercado en lugar de a Cáritas o a casa de los padres para comer; reponer un poco el vestuario pasado de moda y lleno de remiendos; quizás algún juguete para los niños podría caer en Navidad. Es razonable pensar que el impacto sobre la demanda interna sería pues inmediato. El dinero que el estado emplearía en un programa de ET circularía por la economía desencadenando múltiples efectos. Los supermercados verían una rápida caída de sus inventarios por un incremento en ventas inesperado. De mantenerse la fuerza del consumo aumentarían sus pedidos a los fabricantes y es posible que empezaran a crear empleo. Lo mismo ocurriría en el sector mayorista que, con algo de retardo, empezaría a apreciar un crecimiento de la demanda. Finalmente los fabricantes de alimentos y de ropa o los agricultores empezarían a apreciar un aumento de su cifra de negocio. Los caseros empezarían a apreciar que sus inquilinos pagan a tiempo cuando antes se demoraban en el pago de los alquileres.

 

Para que un trabajador sea eficaz el estado deberá asegurar que disponga de medios, útiles, herramientas y un fondo de maniobra, es decir, para que un trabajador sea operativo se requiere una inversión. Sin embargo, el tipo de empleos generados por el programa de ET deberían evitar una inversión elevada en medios productivos y aprovechar infraestructuras existentes. El ET se estructuraría en torno a proyectos que puedan ponerse en marcha en un período de tiempo breve aprovechando equipamientos existentes. Existen miles de tareas necesarias que no se están realizando y que podrían tener valor para la sociedad sin necesidad de acometer grandes inversiones. Estos programas pueden ser propuestos por las administraciones locales, agencias estatales y ONGs permitiendo una gestión descentralizada. Un aprendizaje de la experiencia argentina fue ceder a los propios interesados en el empleo garantizado del programa Jefes el protagonismo para que ellos mismos propusieran proyectos interesantes para la comunidad. El conocimiento directo de las necesidades y oportunidades que estaban por explotar en sus comunidades les permitió proponer proyectos que resolvían problemas reales. Postulamos una aproximación descentralizada similar para el programa español. Sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación proponemos tan solo algunas ideas que podrían ser exploradas a nivel nacional.

• Actualmente los médicos de los sistemas públicos de salud tienen que atender al paciente y posteriormente incorporar los datos a su historial clínico. Un trabajador sanitario desempleado podría realizar esta tarea liberando al médico parte de su tiempo para que pueda atender más pacientes. De esta forma aumentaría la productividad del sistema sanitario.
• Hacer realidad el cuarto pilar del estado del bienestar con el apoyo de jóvenes trabajadores sociales que puedan acompañar a personas ancianas o incapacitadas cuyas familiares no puedan atenderlas debido a sus compromisos laborales
• En España existen zonas que han sufrido un grave deterioro medioambiental o que están amenazados de degradación. Un programa de ET podría contratar biólogos, ingenieros forestales o trabajadores de la construcción para realizar tareas de limpieza y cuidado de montes para prevenir los incendios forestales o restaurar zonas medioambientalmente degradadas tales como vertederos ilegales o reforestar zonas que han experimentado una fuerte erosión.
• Un programa para la mejora de la eficiencia energética de los hogares, por ejemplo renovando fachadas y cerramientos en viviendas antiguas con bajo aislamiento térmico podría generar empleo para personas procedentes del sector de la construcción.
• El fracaso escolar de nuestro país supera el 50 % de los alumnos, y sin embargo nuestros colegios e institutos permanecen cerrados cuatro meses al año. Se podrían abrir los centros públicos de enseñanza durante todo el año para que los desempleados con formación académica impartieran clases de apoyo a los estudiantes en situación de fracaso escolar. Si un plan de estas características fuera implantado durante una crisis económica, el final de dicha crisis se produciría con un nivel fracaso escolar menor que antes de la crisis. Como sabemos el fracaso escolar es, en muchos casos, la antesala del desempleo. De esta forma se aprovecharía la crisis para generar dinámicas positivas de cara a las crisis económicas venideras, que se producirían con un nivel de fracaso escolar menor y que por tanto se verían, en ese sentido, aliviadas.
• En centros donde se ha detectado un aumento de los casos de acoso escolar las administraciones locales podrían poner en marcha un plan de “acoso escolar cero” en el que se involucraran los trabajadores desempleados del municipio, que se coordinarían en los centros escolares para evitar que estos casos de acoso se produjeran con actividades de concienciación, vigilancia y apoyo a las víctimas.
• El grafiti es un tipo de vandalismo que degrada los barrios más afectados, genera una sensación de inseguridad y devalúa el precio de las viviendas y comercios. Probablemente su extensión por zonas urbanas periféricas sea un reflejo del elevado número de jóvenes que ni estudian ni trabajan y por tanto una política que asegurara el pleno empleo contribuiría a reducirlo espontáneamente. En cualquier caso se ha comprobado que una actividad de prevención que evita la perpetuación de pintadas con actuaciones de limpieza inmediata es muy eficaz para cortar de raíz el fenómeno. Los ayuntamientos podrían contratar cuadrillas que eliminarían las pintadas de forma continuada y a artistas que embellecieran tapias y muros medianeros con murales.
• Numerosas personas, normalmente de etnia gitana, viven en España de la recogida de chatarra y otros residuos. Esta actividad suele ser clandestina y tiene un efecto disruptivo sobre los sistemas de reciclado implantados desde el estado. En realidad chatarreros y traperos hubo desde tiempos inmemoriales siendo el estado el verdadero intruso en esta actividad quien ha tratado de expulsar a estas personas de su industria tradicional entregando la gestión de residuos a grandes empresas contratistas. Podemos reparar la expulsión de estas personas de sus actividades ancestrales, dignificando su profesión con un empleo que les permita integrarse en los sistemas oficiales de recogida de chatarra y reciclado de residuos.

 

Los bienes y servicios producidos por los trabajadores de los programas de ET no deben competir con los generados por el sector privado, sino que deben suplir las carencias en la oferta de bienes y servicios desatendida tanto por el sector privado como por el público. En ningún caso debe sustituir a la administración pública. No se trata de sustituir a los funcionarios públicos con empleos temporales. Este plan de empleo se llama de transición porque no tiene como objetivo ofrecer puestos de trabajo permanentes en el sector público pues ese es el cometido del funcionariado. El objetivo es que los trabajadores del programa se reintegren en el mercado laboral privado tan pronto como se les ofrezca un empleo que mejore las condiciones laborales ofrecidas por el plan de ET. Las administraciones púbicas también podrían contratar trabajadores pertenecientes a los planes de trabajo de transición a medida que vaya recuperando las dimensiones adecuadas para cumplir con sus fines. El programa de ET podría ser la antesala a un puesto en la administración pública y la participación en un programa de ET debería puntuar positivamente en convocatorias para cubrir puestos en la administración pública.

 

El ET prepara al trabajador para ser contratado por el sector privado cuando se recupera la economía tras una recesión porque gracias a él puede presentar un historial laboral en el que ha podido mantener sus competencias profesionales o adquirir otras nuevas mediante la experiencia adquirida o gracias a programas de formación en el puesto de trabajo. El participante en el programa de ET habrá podido demostrar que es capaz de asumir la responsabilidad de ocupar un empleo y comparecer en el puesto de trabajo con puntualidad. Además habrá adquirido unas competencias y habilidades que solo se pueden desarrollar en el trabajo. Esta es una aproximación radicalmente a las políticas de empleabilidad fomentadas desde la UE que responsabilizan al trabajador de su situación de desempleo. Las llamadas políticas activas de empleo consisten en exigir que el desempleado participe en programas de formación para puestos de empleo inexistentes. Esa es la única salida que ahora le ofrecen las políticas de “empleabilidad” patrocinadas por la UE y ejecutadas fiel pero infructuosamente por la ministra Fátima Báñez. Estos programas de formación con suerte solo consiguen barajar a los parados en la cola de las oficinas de empleo pero no resuelven el problema de fondo que no es más que una insuficiente oferta de puestos de trabajo desde el sector privado.

 

El beneficio más relevante para el trabajador es la posibilidad de liberarse del “terror acechante del desempleo” que le condena a la permanente inseguridad económica. Al crear una alternativa digna al empleo en el sector privado el programa de ET empodera al trabajador y le habilita para negociar en pie de igualdad con el empresario. Le brinda la oportunidad de buscar con paciencia la oferta laboral que mejor se adapte a sus capacidades y aptitudes. Un mercado de trabajo que ofrece oportunidades al trabajador obliga al patrono a luchar por conservar sus empleados mejorando las condiciones de trabajo. Un trabajador que conoce el valor de su trabajo y percibe que el empresario reclama su colaboración para avanzar un proyecto empresarial mejora en su autoestima y en su satisfacción laboral. El acogotado trabajador medio español es alguien a quien se le lleva mucho tiempo humillando haciéndole saber que la empresa le hace un favor por tenerlo empleado. En realidad es el empleador quien debería sentirse dichoso de recibir la confianza de sus trabajadores. El pleno empleo es la mayor salvaguarda de la dignidad y del sentimiento de valía individual y en definitiva pone la economía al servicio del ser humano y no la persona al de la economía.

 

El reto para los gestores públicos de poner en marcha un programa de ET es un mayor esfuerzo organizativo para el cual se exige a los funcionarios un ejercicio de imaginación. Una aproximación es que sean los propios interesados los que propongan proyectos a las administraciones públicas y que un comité evalúe su valor para la sociedad. Por su cercanía al ciudadano se puede encargar a los ayuntamientos que confeccionen en el menor lapso de tiempo posible un plan de ET que acoja a todos los parados de los municipios. Una vez que el ayuntamiento ha elaborado un censo de personas desempleadas, su cometido será doble. Por un lado tendrá que evaluar qué áreas laborales son susceptibles de ser cubiertas de mejor manera que la actual, y por otro deberá adecuar los programas de trabajo de transición a las capacidades laborales de los candidatos inscritos en el programa de ET. Otra posibilidad es que Organizaciones No Gubernamentales (ONG), administraciones locales, entidades sin ánimo de lucro, agencias estatales expresen su interés en contratar empleados para realizar determinadas tareas o ejecutar determinados proyectos. Estas peticiones podrían ser encauzadas a través de los ayuntamientos o a través de las oficinas de empleo.

 

Para evitar la aparición de casos de corrupción, los ayuntamientos no deberían pagar los salarios de los trabajadores de estos programas sino que las transferencias de fondos en forma de salarios deberían provenir del ministerio de trabajo. Esto significa que los ayuntamientos no tendrían acceso a los fondos destinados a los planes, evitando la posibilidad de que políticos corruptos desvíen dichos fondos. Asimismo, y como no podría ser de otra manera, también sería responsabilidad del ministerio velar porque las condiciones de trabajo de los planes sean las adecuadas. Además, el ministerio tendría que poner en marcha un registro de los trabajadores en los planes de trabajo de transición al que pudieran acceder de forma gratuita y sencilla todos los empresarios del país. Los datos de los oferentes podrían ser recogidos por los ayuntamientos o las oficinas de empleo. Mediante un simple “clic” de ratón, los empresarios deberían poder ponerse en contacto con los trabajadores en los programas de trabajo de transición, así como acceder a sus currículums vitae, lo cual permitiría un proceso de contratación rápido y sencillo.

 

La alternativa de la renta básica

 

Una propuesta que postulan algunos movimientos progresistas como solución al problema del desempleo y la desigualdad es la renta mínima o renta básica. La renta mínima asegura a todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, un ingreso mínimo que garantice sus necesidades más elementales. La propuesta es muy antigua pues, ya en el siglo XVIII, el inglés Thomas Paine proponía un impuesto sobre la tierra y los patrimonios para destinar los recursos a los más pobres porque «la tierra, era y siempre continuaría siendo la propiedad de toda la raza humana» (King & Marangos, 2006). La renta básica universal (RBU) garantiza a todos los ciudadanos la percepción de una renta, con independencia de su situación socioeconómica. La propuesta más ambiciosa es la renta básica universal que asegura a todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, una renta del estado con independencia de su nivel de renta o riqueza. Una propuesta limitada es la renta mínima garantizada o básica que asegura que todos dispongamos de esa renta mínima sean cuales sean nuestras circunstancias. Si no llegamos, el estado completaría el déficit hasta la renta mínima. Si estamos desempleados y no tenemos ninguna fuente de ingresos cobraríamos una renta del estado. El importe de la misma debería ser fijado por ley y obviamente no sería muy elevado. Por ejemplo un rentista que no trabaja pero que obtiene rentas por importe superior a 30.000 € al año no necesitaría que le completaran la renta. Un aspecto importante es que la ayuda se va reduciendo a medida que obtenemos ingresos. Supongamos que fijamos la renta mínima en 600 € al mes y que hemos trabajado una semana en diciembre pero solo hemos cobrado 200 €. En ese caso el estado completaría lo que falta hasta 600 €, es decir 400 €. Si al mes siguiente seguimos empleados y cobramos 600 € obviamente no cobraríamos la renta mínima.

 

La pregunta inevitable es si este tipo de programas son compatibles con el ET. En principio la respuesta es que lo son. Además la renta básica es más sencilla de aplicar. En cambio un programa de trabajo garantizado exige a la administración pública un esfuerzo de organización e imaginación. Por este motivo un gobierno se vería tentado de implantar un programa de renta básica antes que uno de garantía de empleo. Pero, ¿qué pasa si un ciudadano puede elegir entre cobrar la renta mínima o pedir un empleo? ¿Debe el estado ofrecerle ambas opciones? Pensamos que, a pesar del reto organizativo, el estado debería favorecer los programas de empleo garantizado sobre los de renta mínima. En primer lugar, un programa de renta mínima muy generoso tendría el efecto de retirar a personas aptas del mercado de trabajo. En una recuperación económica las empresas podrían encontrarse con dificultades para contratar empleados si un programa de renta básica ha retirado a parte de la fuerza de trabajo. Por otra parte la picaresca puede aprovecharse fácilmente de un programa de renta mínima. Algunas personas podrían verse tentadas a completar sus ingresos con un trabajo en el sector informal. Empresarios poco escrupulosos podrían aprovecharlo para pagar menos a sus trabajadores clandestinos convirtiendo la renta mínima en una subvención encubierta a las empresas. Finalmente, reconozcamos que determinadas tareas menos agradables dejarían de hacerse. Entre atender a ancianos severamente impedidos o trabajar en el servicio de recogida de basuras ¿quién no preferiría quedarse en casa cobrando una renta?

 

Los defensores de la RBU hablan de la darle al individuo una renta que lo libere de la obligación de buscar trabajo para decidir si quiere dedicar su tiempo a perseguir sus aspiraciones personales o tener una posición negociadora más fuerte frente a los empresarios. Sin embargo, es muy improbable que la sociedad consienta que personas ociosas perciban una renta elevada. En esas circunstancias esa libertad puede ser una ilusión. Con el paso del tiempo, estas personas corren el riesgo de acabar completamente desvinculadas del mercado de trabajo. Sin habilidades profesionales y sociales se verán reducidas a una existencia precaria con una renta que asegura su mera subsistencia. Corremos el riesgo de condenar estas personas a una vida de soledad, abulia y pobreza perpetuas. El programa de ET atiende además a la profunda necesidad del ser humano de recibir el reconocimiento de sus semejantes implícito en percibir una retribución salarial y ofrece a los desempleados la oportunidad de contribuir a la sociedad la vez que desarrollan habilidades sociales y profesionales. Un programa de garantía de empleo permite mantener a una fuerza laboral formada y preparada y además genera servicios que tienen valor para la sociedad.

 

Los programas de renta mínima deberían reservarse a colectivos que no tienen capacidad de trabajar como consecuencia de situaciones de invalidez, cargas familiares y otras que imposibilitan a una persona a ofrecer su trabajo. Aunque muchos colectivos progresistas promueven los programas de renta mínima se da la paradoja de que también se pueden defender desde postulados neoliberales. De hecho el economista de la escuela de Chicago, Milton Friedman,  promotor del monetarismo, es decir, el epítome del conservadurismo en economía, también propuso una renta básica.  Esto no es incoherente porque el neoliberalismo desea mantener un determinado nivel de desempleo para disciplinar la fuerza de trabajo pero al mismo tiempo es consciente del peligro para la industria de la caída de la demanda que causa el paro. Garantizar a los hogares una renta los convierte en unidades de consumo mínimo garantizado que evitan el desarrollo de crisis de realización. La propuesta conservadora es coherente con la mercantilización de los servicios públicos. Se trata de desmontar el estado del bienestar reduciendo a la mínima expresión los servicios públicos que serían sustituidos por empresas privados. En lugar de prestar un servicio sanitario o educativo, el estado entregaría a los hogares una renta mínima para que estos lo empleasen como estimasen oportuno. Aparentemente el ciudadano tendría la libertad de elegir la mejor escuela o el mejor seguro médico entre la multiplicidad de ofertas del sector privado. Naturalmente el coste total para la sociedad sería mucho mayor, porque estas empresas requieren su margen de beneficio para prestar el servicio rentablemente, y la renta básica no tardaría en revelarse exigua para sufragar una vida digna.

 

El apoyo de sectores progresistas a la renta mínima procede de la supuesta desaparición de los empleos causados por la globalización y la robotización. El progreso técnico ha elevado la productividad extraordinariamente. Tareas que antes requerían el trabajo de centenares de personas como la cosecha, la contabilidad de las empresas o la manufactura ahora las pueden realizar máquinas y robots. Pero al mismo tiempo esos avances provocan la pérdida de puestos de trabajo. La mecanización y la robotización han causado una gran pérdida de empleo industrial. Muchas fábricas actualmente están despobladas y emplean a apenas un puñado de ingenieros y técnicos.

 

Keynes escribió en los años 30 del siglo XX un célebre ensayo en el que profetizaba que «el desempleo causado por nuestro descubrimiento de medios para economizar el uso de trabajo correrá a un ritmo más veloz que al que podemos encontrar nuevos usos para el trabajo.» Por eso predecía que

 

por primera vez desde su creación el hombre se enfrentará a su problema real y permanente —cómo utilizar su liberación de las atenciones económicas urgentes, cómo ocupar el ocio que la ciencia y el interés compuesto le habrán ganado, para vivir sabia, cómodamente y bien.

Los entregados arduamente a la creación de dinero podrían arrastrarnos al regazo de la abundancia económica. Pero serán aquellas gentes, que pueden seguir vivos y cultivar hasta una perfección más plena, el arte de la vida misma y no venderse para conseguir los medios de vivir, quienes podrán disfrutar la abundancia cuando llegue.

Pero no existe país ni pueblo, creo, que pueda contemplar la era del ocio y de la abundancia sin temor. Pues nos han entrenado demasiado tiempo para esforzarnos y no disfrutar. Es un problema temible para la persona corriente, sin talentos especiales, encontrar ocupación, especialmente si ya no está arraigado en la tierra o la costumbre o las convenciones caras a una sociedad tradicional. A juzgar por el comportamiento y los logros de las clases adineradas actuales en cualquier esquina del mundo la perspectiva resulta harto deprimente. Pero estos son, por decirlo así, quienes están en la vanguardia —aquéllos que están oteando la tierra prometida en la que los demás plantaremos nuestros reales. Pues me parece que la mayoría ha fracasado desastrosamente —los que tienen una renta independiente pero ninguna asociación a deberes o ataduras —en la solución del problema que se les ha planteado. Estoy convencido de que con un poco más de experiencia usaremos el recién hallado tesoro de la naturaleza de forma distinta a la manera en que los ricos lo utilizan hoy y que nos cartografiaremos un plan de vida bien distinto del suyo. Durante las eras venideras el viejo Adán será tan fuerte en nosotros que todos tendremos que realizar algún trabajo para sentirnos satisfechos. Haremos más cosas por nosotros que los ricos de hogaño, contentos de tener pequeñas deberes, tareas y rutias. Pero más allá de esto, trataremos de esparcir el pan finamente en la mantequilla — para convertir el trabajo que aun quede por hacer tan ampliamente repartido como sea posible. Turnos de tres horas o una semana de quince horas podrán evitar el problema durante bastante tiempo. ¡Pues un día de tres horas sobra para satisfacer el viejo Adán que llevamos dentro! (Keynes, Economic possibilities for our grandchildren, 1930).

 

Keynes predijo que tendríamos jornadas de quince horas. ¿Qué pasó con ellas? Es cierto que la jornada laboral se ha ido reduciendo hasta las treinta y cinco o cuarenta horas semanales pero para muchos el avance tecnológico ha supuesto la exclusión de toda participación en el proceso económico. Aparentemente las ganancias de productividad no han sido repartidas de formar equitativa. Aunque el avance tecnológico permitiría alimentar y mantener a todos los parados de la economía española con holgura la realidad es que una severa moralidad atávica y el egoísmo de los segmentos más afortunados de la sociedad conspiran para que personas desocupadas no encuentren trabajo al tiempo que se les niega la posibilidad de obtener una renta que garantice una existencia digna. Aunque una renta mínima garantizada podría resolver el dilema del reparto de los excedentes la realidad es que este tipo de programas encontrarán una feroz oposición en las actitudes conservadoras de la parte de la sociedad que aún se rige por códigos morales arcaicos. No costaría demasiado a un partido político conservador tumbar, limitar o condicionar severamente un programa de renta mínima. Un programa de empleo de transición tendrá más posibilidades de superar la severa censura del moralista y el ataque interesado de los grandes capitales.

 

Las sombrías predicciones de Jeremy Rifkin acerca de la desaparición del trabajo pueden causar el ocaso de cierto tipo de actividades más rutinarias y mecanizables (Rifkin, 1995). Es cierto que en la fabricación de automóviles o de latas para bebidas de refrescos la robotización permite minimizar el empleo en las fábricas. En los bancos los cajeros automáticos o la banca electrónica permite prescindir del personal administrativo que antaño poblaban las densas redes de sucursales. En las oficinas los ordenadores personales con programas de edición de textos han suprimido la necesidad de contar con un pool de secretarias. Podemos poner centenares de ejemplos de puestos de trabajo convertidos en redundantes por el progreso tecnológico.

 

El acertijo de Keynes en realidad se adentra en el alma del ser humano. El hombre no es como el gato, que después de cazar un ratón se echa a dormir la siesta. Es una criatura con una necesidad insaciable de crear y buscarse ocupación. Por mucho que la mecanización elimine unas tareas siempre podrá identificar nuevas necesidades y muchas de éstas no tienen que ver con la satisfacción de las más básicas el ser humano sino con el deseo innato de ser reconocido, de crear y de mejorar su vida material y espiritualmente. Los programas de garantía de empleo aprovechan la liberación de recursos humanos de las actividades más tediosas gracias a la asombrosa productividad que hemos alcanzado en el siglo XXI. A la vez que reorientan la fuerza de trabajo a sectores más intensivos en mano de obra con escasa posibilidad de ser mecanizados (como el cuarto pilar del estado de bienestar o las actividades culturales y artísticas) atienden la profunda necesidad del ser humano de recibir el reconocimiento de sus semejantes implícito en percibir una retribución salarial.

 

La aceptación resignada entre los progresistas de la pérdida de empleo como consecuencia ineludible del progreso económico es falaz. Es cierto que las grandes potencias exportadoras han resuelto el problema ganando cuota de mercado a otros países sacrificando el nivel de vida de sus trabajadores. Sin embargo, estos mismos progresistas no parecen capaces de explicar por qué en los países escandinavos han resuelto el problema con unas altas tasas de empleo público. Alemania, Japón, el Reino Unido o Suecia están mucho más mecanizados y robotizados que España pero mantienen tasas de desempleo muy inferiores a las nuestras. El irreflexivo apoyo de algunos progresistas a la renta básica representa una aceptación de la estrategia de creación de un ejército industrial de reserva. Estos progresistas, sin embargo, no parecen conscientes que la naturaleza real del problema es la debilidad de la demanda agregada.

 

La realidad es que una reactivación de la demanda causada por políticas de estímulo fiscal produciría una más que probable reactivación vigorosa del empleo en el sector privado. La falta de empleo es resultado de políticas macroeconómicas fallidas porque resulta evidente que quedan infinidad de tareas por realizar. Si los proponentes de un programa de renta básica se salieran con la suya observaría un efecto inmediato de estímulo de la demanda y recuperación del empleo. Pero un experimento de renta básica revelaría sus propias contradicciones. Antes se ha explicado la función del ET en la estabilización de precios. Un programa de renta mínima podría tener un efecto inflacionista pues, a diferencia del programa de ET, que mantiene un pool permanente de trabajadores dispuestos a incorporarse al sector privado, los programas de renta mínima podrían tener el efecto de retirar a personas perfectamente capacitadas del mercado de trabajo de forma permanente y artificial. Incluso personas actualmente empleadas tendrían un potente incentivo para dejar sus empleos. Ante una reactivación de la demanda el mercado de trabajo podría tornarse menos elástico. Un programa de renta mínima provocaría un aumento muy repentino de la demanda que acabaría con las colas en las oficinas de empleo de forma súbita. La dificultad de los empresarios para encontrar nuevos empleados forzaría una subida de los salarios e importantes tensiones inflacionistas. El programa de renta mínima es incompatible con el objetivo de pleno empleo con estabilidad de precios.

 

Pese a que existen argumentos muy sólidos para proponer un plan de ET y a que sería más fácil de defender que una renta básica, sería ingenuo esperar que no habría una vigorosa oposición a su introducción. El mismo Keynes dijo que «la creencia conservadora en que existe alguna ley natural que impide que los hombres tengan empleo, de que es ‘temerario’ emplear a hombres y de que es financieramente ‘prudente’ mantener a una décima parte de la población ociosa es desquiciadamente improbable — el tipo de cosas que ningún hombre creería si no se le hubiese llenado la mollera de sandeces durante años y años» (Keynes, Panfleto de apoyo a Lloyd George en las elecciones británicas de 1929, 1929). Sin embargo, tal es la opinión prevalente en la élite europea. Quienes postulen el ET como solución al problema del desempleo tendrán que enfrentarse a la reacción de aquéllos que consideran que ofende al sentido común utilizar los recursos de todos para poner a la gente a trabajar en la producción de bienes y servicios útiles. Buscarán todo tipo de argumentos más o menos peregrinos para aducir que semejante plan no funcionaría o, lo que es peor, pervertiría el orden natural de nuestra sociedad. Llevados al extremo llegarán a afirmar que sería improductivo e ineficiente, incluso ante la evidencia clamorosa del enorme derroche que es mantener a una cuarta parte de los trabajadores inactivos y a la mitad de la juventud sumida en la desesperanza. Sin embargo, proponer ideas para conseguir una acelerada salida del desempleo para millones de seres humanos desesperanzados, aun a costa de enfrentarse a las más feroces críticas de individuos recalcitrantes sometidos a un dogma obsoleto, es un empeño noble que merece la consideración de toda persona compasiva e intelectualmente honesta.

 

Aumentar la oferta de empleo público para fortalecer el estado social

 

Frecuentemente oímos, sobre todo en medios conservadores, que España es uno de los estados europeos con mayor porcentaje de empleo público. Las estadísticas comparadas lo desmienten pues España tiene una de las tasas (16,9%) más bajas entre los estados de su entorno. El siguiente gráfico compara la tasa de participación del empleo público sobre la fuerza de trabajo total en varios países europeos. Se puede comprobar cómo el estado español es uno de los menos dotados en recursos humanos entre los países avanzados. El bajo nivel de empleo público se ha agravado en los años de la austeridad. Hoy, el estado emplea a 400.000 personas menos que al inicio de la CFG.

Ilustración 3. Participación del empleo público en el empleo total. Fuente: Organización Internacional del Trabajo. Datos para los años 2013 a 2015.

 

El bajo nivel de empleo público repercute en la calidad de los servicios públicos. Según Eurostat España tiene 11,2 jueces por 100.00 habitantes frente a la media europea de 21 (Picazo & Castro, 2014). El sindicado de técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTHA, afirma que España tiene solo un inspector de hacienda por cada 976 ciudadanos frente a la media europea de 460. Más dramática es la fuga de cerebros producido por la estrepitosa caída de la inversión pública en I+D. Según Eurostat la población empleada por el sector público en actividades en I+D en España es de 0,17% de la fuerza laboral mientras que en países comprometidos con la ciencia como Finlandia o Alemania ese porcentaje sube al 0,23%. Existen numerosos ejemplos de infradotación del estado español que se remontan al retraso histórico en el desarrollo de nuestro estado social. Durante la atroz dictadura franquista el estado español y otros estados mediterráneos sometidos a regímenes autoritarios de ultraderecha mantuvieron administraciones públicas con estructuras mínimas que servían para asegurar la represión y un mínimo de paz social y garantizar una mano de obra abundante y disciplinada para el capital.

 

La figura del funcionario ha sido diana favorita del pensamiento neoliberal, presentado como trabajador perezoso y poco competitivo. Rara vez los críticos del funcionario se acuerdan de que los bajos salarios percibidos por este colectivo; la falta de una política de reconocimiento social y de motivación al trabajador público; y la parvedad de recursos a disposición del estado pueden haber causado una grave desmoralización del empleado público. España tiene una fuerza de funcionarios envejecida y desmoralizada por la ausencia de incentivos y la falta reconocimiento social (recordemos la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 justificada cínicamente por muchos comentaristas en la prensa en la estabilidad profesional de este colectivo pese a que constituían un flagrante incumplimiento de contrato). Pese a la mala imagen del funcionario público ¿quién no ha sido testigo de la dedicación y laboriosidad de tantos médicos y enfermeros que trabajan en nuestros hospitales públicos? ¿Recordamos la eficacia de los servicios de protección civil demostrada en catástrofes como las del 11 M en Madrid? ¿Podemos obviar que miles de soldados españoles se han desplazado a remotos lugares poniendo en riesgo su vida para asegurar la paz en el mundo? Denostar a los funcionarios no es algo inocente, forma parte de una estrategia para avanzar las agendas ocultas de privatización de los servicios públicos. Podemos encargar la recogida de basuras a empleados municipales que cobren un salario digno pero la tendencia en los últimos decenios ha sido a privatizar esos servicios entregando su prestación a empresas privadas contratistas. Pero para que una empresa asuma esa actividad debe obtener un beneficio y para ello procurará reducir las plantillas y pagar sueldos más bajos. Probablemente el coste sea finalmente similar para la administración municipal pero, para que el empresario consiga su beneficio se tienen que aceptar algunos sacrificios. Frente a los argumentos de eficiencia empleados para justificar la entrega de los servicios públicos a empresas privadas, es posible que se acabe prestando un servicio de peor calidad y que los empleados tengan peores condiciones de empleo.

 

La función pública merece ser fortalecida y dignificada. La degradación de las condiciones de trabajo en España es un proceso que se ha generalizado entre los trabajadores del sector privado pero el sector público no ha sido ajeno a las malas prácticas. Con la excusa de la escasez de recursos miles de trabajadores públicos han encadenado durante años contratos temporales. Médicos, maestros y enfermeros han tenido que esperar años, a veces décadas, antes de acceder a un puesto de trabajo fijo. La política de austeridad no solo ha menguado el número de empleados públicos, también ha servido para no convocar plazas y, por tanto, ha consolidado una situación discriminatoria con una fuerza de funcionarios dual compuesta por una cohorte de mayor edad con puesto asegurado gracias a que han superado unas oposiciones hace años y otra de jóvenes empleados con pésimas condiciones laborales encadenando sustituciones y contratos temporales, siempre esperando a que, algún año, se convoquen las ansiadas oposiciones para cubrir unas pocas plazas. Una dignificación del funcionario ayudaría a acabar con la lacra del empleo interino, permanente vagando de una vacante a otra, situación que menoscaba la estabilidad emocional y la profesionalidad del empleado público. Un estado concienciado de su responsabilidad de empleador que define un estándar para toda la sociedad puede ayudar a conciliar la vida familiar y laboral facilitando guarderías para los hijos de sus empleados o racionalizando los horarios. El mayor escarnio de la administración del estado al mercado laboral es la contratación de personal a través de contratas e incluso subcontratas. En instalaciones de las administraciones públicas se encuentran informáticos, vigilantes de seguridad o limpiadores empleados por contratistas en condiciones de precariedad laboral que deberían avergonzar a los políticos que han aprobado los pliegos de contratación.

 

Con soberanía monetaria ya no habría excusas para no dignificar la función pública. Revertir la degradación de la fuerza de trabajo estaría en manos del estado y no hacerlo solo podría explicarse por prejuicios ideológicos. El estado podría asumir un objetivo de empleo público que elevara el tamaño de la fuerza laboral hasta los niveles de los países occidentales más avanzados. Además debería establecer estándares de contratación compatibles con la dignidad de los trabajadores. Solamente llevar la tasa de empleo público al nivel promedio de la OCDE, es decir del 17% actual al 23% de la población activa, supondría la creación de 1.200.000 puestos de trabajo. Si aspiramos a llegar a los niveles de los países escandinavos, con niveles de empleo público cercanos al 25% de la población activa, hoy España daría un paso de gigante hacia el pleno empleo.

 

Un nivel de gasto público tan elevado como sea necesario

 

Warren Mosler afirmó que no hay crisis financiero que no pueda ser remediada por una ajuste fiscal lo suficientemente amplio. España ha padecido una larga y dolorosa crisis económica sin precedentes en tiempo de paz. Para salir de ella es necesario que el estado, una vez recuperada nuestra soberanía monetaria, asuma un plan de expansión fiscal que permita que el déficit aumente lo suficiente como para que se llegue al pleno empleo. ¿Cómo podemos aplicar este principio en la práctica?

 

La Ley de Okun^[5] establece una relación entre crecimiento del PIB y el empleo. Para el caso español, una simple regresión lineal, que relaciona el crecimiento del PIB con el descenso del paro nos permite asumir que, para que se reduzca el desempleo un 0,76% el PIB tiene que aumentar un 1%. Un objetivo ambicioso de pleno empleo debería marcarse al menos el objetivo de llevar la tasa al 4%, es decir, reducir la dolorosa tasa de desempleo actual desde 21% en diecisiete puntos porcentuales. No podemos esperar a que el sector privado, por sí mismo y sin intervención del estado, cree más de 3,8 millones de puestos de trabajo en cuatro años. Para ello la economía tendría que crecer por encima del 5% anual durante ese tiempo, una tasa difícil de alcanzar con una población envejecida y menguante. El objetivo además es móvil porque, si se reactiva el mercado de trabajo, muchos que han emigrado o abandonado la búsqueda activa retornarán al mercado nacional. Si bien la demografía ayuda, porque la población en edad de trabajar está cayendo, sería razonable suponer que, cada año, al menos otras 100.000 ó 200.000 personas se animarían a buscar trabajo en un escenario de potente reactivación (desde el pico de la burbuja inmobiliaria hasta lo más profundo de la crisis casi 750.000 personas se retiraron del mercado de trabajo). Por tanto el reto para una política de pleno empleo es crear 4,5 millones de puestos de trabajo.

 

Hemos propuesto un plan de ET  que podría atraer a 1,5 millones de personas y un plan de empleo público del estado que lleve nuestra tasa de empleo público al 18,5%, creando entre 1,1 y 1,2 millones de nuevos puestos de trabajo. El estado por tanto confiaría en el sector privado para crear 1,2 millones de puestos de trabajo, entre 200.000 y 365.000 nuevos empleos cada año, un objetivo ambicioso pero que, en un entorno de potente de reactivación económica es factible alcanzar. En algunos de los años buenos de la burbuja inmobiliaria la economía española llegó a crear hasta 400.000 puestos de trabajo.

 

Actualmente el déficit público del estado se sitúa en torno al 4%. Si suponemos que el sector privado debe contribuir a reducir el paro en torno a un 1%-2% cada año durante cuatro ejercicios, ¿cómo debe actuar el estado para conseguir este efecto? Si aceptamos nuestra estimación de la Ley de Okun, sería necesario un crecimiento del PIB anual de entre el 3% y el 4%. Entre los economistas es conocido que cada euro de aumento del déficit público tiene un impacto multiplicador en el incremento del PIB^[6].  Si aceptamos que este efecto multiplicador es de 1 a 1,5^[7] veces el aumento del déficit público, sería necesario que el déficit aumentara entre 4,5 y 6 puntos porcentuales sobre el PIB^[8]. El déficit público, actualmente en torno al 4% sobre el PIB, debería incrementarse al menos hasta el 8,5% o 10%. Este déficit debería ser suficiente para meternos en una senda que nos acerque al pleno empleo en cuatro años.

 

El inicial gasto del estado, por efecto del llamado ‘multiplicador’ del gasto público, se convertiría en un incremento del PIB más que proporcional. El multiplicador se comporta como las ondas en un estanque tras lanzar en él una piedra. Éstas se expanden en círculos concéntricos cada vez de menor amplitud hasta que se van disipando. De forma similar una decisión de gasto exógena como un aumento del gasto público genera repercusiones en toda la economía. Esa decisión de gasto exógena es un ingreso para los hogares o las empresas. Parte de este ingreso volverá al circuito económico mediante el consumo aunque otra se ahorrará, se destinará al pago de impuestos o incluso se fugará al exterior mediante importaciones, en definitiva, será retirada del circuito económico. La parte consumida de nuevo será un ingreso para otros hogares que de nuevo retirarán parte y consumirán otra. En cada ciclo se genera un aumento de la renta, cada vez más reducido por las fugas en forma de ahorro, impuestos e importaciones. De esta forma una decisión de gasto exógena genera un aumento del producto total de la economía que es un múltiplo del estímulo inicial. Gracias al efecto multiplicador un plan de inversión liderado por el estado puede tener una gran potencia para estimular la demanda y animar a los inversores.

 

No podemos estar seguros de cuál es el valor de ese multiplicador pero es posible que sea superior a 1,2 veces el gasto inicial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció recientemente que habían subestimado el multiplicador del gasto público en las economías avanzadas y algunos estudiosos han llegado a estimaciones de que cada euro incremental de gasto público se convierte en un aumento el PIB de 1,5 euros (Blanchard & Leigh, 2013). Es probable que en una situación deflacionaria como la actual el multiplicador sea bastante más alto que en una situación de normalidad. Para ser prudentes supongamos que este multiplicador sea de 1,2 veces. Asumamos que la inversión del estado en el programa de ET 15 mil millones ni a más de 27 mil millones de euros. Si aceptamos este multiplicador, el PIB crecería entre 18 y 30 mil millones de euros en un plazo relativamente breve, es decir podría conseguir un crecimiento interanual del PIB de hasta un 3%. Además el estado recuperaría parte del coste gracias al aumento de la recaudación fiscal y el ahorro en prestaciones de desempleo.  A largo plazo el programa de ET tendrá más efectos positivos. Lejos de representar un derroche sería una inversión en el capital humano de la nación lo cual podría redundar en un crecimiento de la productividad. Además, gracias a su potente efecto anticíclico, en el futuro podría suavizar el ciclo económico pues en períodos de recesión se mantendría el poder adquisitivo de los asalariados evitando caídas bruscas en la demanda.

Hay dos factores que pueden atemperar el efecto del multiplicador. El primero sería que nos empeñáramos en equilibrar las cuentas públicas en cuyo caso el efecto expansivo del gasto fiscal se vería frenado por la merma de poder adquisitivo causado por los nuevos impuestos.  El estado debe fijarse como objetivo dejar que crezca el déficit público con reducciones de impuestos o aumentos adicionales de gasto en tanto no se alcance el pleno empleo para asegurar que el efecto multiplicador tenga el máximo impacto posible. A medida que se vaya recuperando la actividad, el aumento de las rentas ocasionaría un aumento de la recaudación fiscal que llevaría a un descenso gradual del déficit de nuevo a niveles del 3% o 4%. El segundo factor que puede socavar el efecto del multiplicador es que, en una economía abierta como la española, una parte importante del gasto público se escape al exterior por la vía de un aumento de las importaciones. La respuesta adecuada es fomentar políticas que permitan la sustitución de importaciones y prioricen el gasto en actividades que fomenten la industria local.

El programa de ET tendría un coste inferior al 2,6% del PIB y si a algún lector le parece caro pregúntese si le parece más barato el rescate bancario En 2011 Bankia tuvo que ser rescatada por el estado mediante un préstamo instrumentado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que superó los 22 mil millones de euros. Resulta chocante comprobar la facilidad con la que nuestro gobierno puede destinar esos 22 mil millones para rescatar a la entidad bancaria pero no parece encontrarlos para la fracción más desfavorecida de la sociedad.

Referencias bibliográficas

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Picazo, B., & Castro, I. (13 de noviembre de 2014). España tiene casi 10 jueces menos por cada 100.000 habitantes que la media europea. El Diario.

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Wray, L. R. (2012). Modern Money Theory, A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems. New York: Ed. Palgrave MacMillan. Existe traducción al castellano publicado por la editorial Lola Books.

 

[1] En economía la utilidad es una medida del beneficio, felicidad, provecho, placer o bien que un individuo obtiene de una determinada actividad o bien. Se supone que los individuos siempre tratan de maximizar su utilidad y que además pueden obtenerla de diversas combinaciones de productos u opciones económicas. Existirían incluso curvas de indiferencia que unen distintas combinaciones con idéntica utilidad.

[2] La curva de Philips descrita en la Ilustración 4 fue en realidad una elaboración de Samuelson y Solow pero era excesivamente simplista. La Ilustración 5 construida con datos reales de la economía española nos ilustra como la relación entre desempleo e inflación no es tan sencilla como la describían estos autores. Actualmente la curva de Philips es un concepto desacreditado. No existe forma de encontrar la función que conecta los niveles de empleo e inflación con gran precisión algo que los economistas trataron de solventar diciendo que había desplazamientos de la curva de Philips. Milton Friedman trató de sortera el problema definiendo el concepto de “Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU)” o tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Friedman partía de la premisa de que existiría una tasa de desempleo “natural” y que cualquier intento de superar esa tasa de desempleo generaría presiones sobre los salarios y precios reales (el adjetivo real indica que se descuenta el efecto de la inflación).  Esta versión sofisticada de la curva de Philips pretende determinar una tasa de desempleo a partir de la cual se producirían tensiones inflacionistas. En la práctica no es fácil encontrar dónde se encuentra esta misteriosa NAIRU que solo se puede estimar después de establecer todo de tipo de hipótesis.

[3] En realidad la curva de Philips pone en relación el crecimiento de los costes salariales con la tasa de desempleo pero podemos encontrar una correlación muy elevada entre la evolución de los costes salariales y la tasa de inflación.

[4]  El ataque a los salarios para atajar la inflación iniciado en los años 70 del siglo pasado ha sido uno de los factores que condujo a la CFG de principios del siglo XXI. La innovación tecnológica, las mejoras organizativas y la inversión consiguen crecimientos de la producción obtenida por unidad empleada de factores productivos. Si con una hora de trabajo se pueden producir 100 artículos y al año mejoras técnicas conseguidas y organizativas consiguen aumentar esta producción a 105 diremos que ha aumentado la productividad un 5%. Supongamos que el empresario que emplea a este trabajador decide no subirle a su trabajador el salario en importe equivalente. En este caso el empresario aumentará sus beneficios si consigue vender la producción adicional. Sin embargo si todos los empresarios incurren en comportamientos similares las cosas pueden desenvolverse de una forma inesperada. No olvidemos que la finalidad de la actividad económica es producir bienes para su consumo. Si la productividad de todos los trabajadores de nuestra economía creciera un 5% pero no los salarios del ejemplo anterior entonces no se podría afirmar que los empresarios aumentarían sus beneficios. La razón es que las ventas de las empresas dependen de que los trabajadores y trabajadoras tengan renta suficiente para adquirir los bienes y servicios que éstas producen, y los salarios constituyen, la principal fuente de renta para la mayoría de las personas. Si los salarios no han crecido los trabajadores no podrán comprar la producción incremental. Podrá objetarse que entonces los capitalistas, gracias a sus mayores beneficios, podrán aumentar su consumo y absorber esta producción incremental pero esto tampoco es cierto porque los capitalistas tienen una propensión marginal a consumir menor que los trabajadores, o dicho de manera recíproca, tienen una propensión al ahorro superior.

Desde los años 80 en numerosos países los salarios han crecido por debajo del crecimiento de la productividad. Quizás estuviera justificado inicialmente este comportamiento porque durante la burbuja inmobiliaria se produjo el fenómeno contrario pero la continuación de esta tendencia sería perjudicial para las empresas. Si la productividad crece más rápido que los salarios lo que ocurre es que la producción adicional no se consume salvo que la clase capitalista aumente su consumo o esa producción se destine a inversión. Por ejemplo, si la productividad del factor trabajo se incrementa un 3% pero los salarios crecen tan solo un 1% cada trabajador, en promedio habrá creado un excedente del 2% que no podrá consumir empleando su salario salvo que tire de sus ahorros o se endeude. En este caso, si los empresarios no bajan sus precios el excedente se quedará sin vender. A esta situación se la denomina ‘crisis de realización’. ¿Cómo se puede evitar una crisis de realización si los empresarios no están dispuestos a subir los salarios de forma acompasada a los crecimientos de la productividad? Una posibilidad ensayada en varios países occidentales fue mantener el poder de los hogares con crédito bancario. El problema de esta estrategia es que tiene un recorrido limitado. Cuando el nivel de endeudamiento de los hogares alcanza un umbral que los puede llevar a la insolvencia el crédito deja de crecer. Entonces el crecimiento del consumo se detiene, las empresas pierden dinero o dejan de invertir porque no tienen expectativas de realizar un beneficio y el desempleo aumenta. La estrategia de crecimiento empleada en España a partir de la entrada en el euro se basó en el crecimiento del crédito, sobre todo hipotecario. Un estudio sobre los costes laborales unitarios reales (ajustados por el incremento de los precios) demuestra que han descendido prácticamente todos los años entre 1996 y 2010 y que estos costes han crecido menos que la productividad del factor trabajo (Pérez Infante, 2011). Una política económica que busque la estabilidad macroeconómica procurará que los salarios crezcan de forma pareja a la de la productividad.

 

[5] La relación, estimada a partir de datos de incremento del PIB en volumen encadenado y descenso de la tasa de desempleo entre 1996 y 2013, es . El coeficiente de determinación R² es 73%.

[6]. El efecto multiplicador consiste en que el aumento del gasto del estado supone un mayor ingreso para el sector privado. Este sector destinará parte de este ingreso al consumo porque se producen fugas en el sistema: los hogares tienen que pagar impuestos, preferirán ahorrar una parte de su renta y además parte de sus necesidades de consumo serán satisfechas con importaciones. Supongamos que los hogares pagan un 20% en impuestos, deciden destinar ¾ de sus ingresos incrementales al consumo y que un 20% de este consumo se importa del exterior. Esto quiere decir que los hogares destinarán 4/5 X ¾ X 4/5=048% de su renta incremental al consumo. Este consumo sería un ingreso para otros agentes que de nuevo destinan el 48% al consumo, por tanto se reintegrarían al circuito económico 48% X 48%. En la siguiente iteración el incremento del consumo sería de 48% X 48% X 48% Matemáticamente esta sucesión converge a un multiplicador  donde ‘t’ es el tipo impositivo, ‘a’ es la fracción de la renta destinada al ahorro y ‘m’ la fracción servida por importaciones. Para t=20%, a=25% y m=20%, como en el ejemplo anterior el multiplicador sería 2,083.

[7]. Por ejemplo en un estudio realizado por Jabier Martínez e Ignacio Zubiri (2014) “la mayoría de las estimaciones del multiplicador del gasto público se sitúan entre 0,8 y 2, y para el caso de España un valor en torno a 1,5 parece razonable”.

[8]. La cuestión tiene una complejidad que excede de los objetivos de este texto pues el aumento del PIB debería generar un incremento de la recaudación fiscal que podría compensar el aumento del gasto. Por otra parte el gobierno no puede actuar discrecionalmente sobre muchas partidas de gasto. Algunas partidas de gasto aumentan y la recaudación de algunos impuestos se reducen automáticamente cuando el PIB cae por efecto de los llamados “estabilizadores automáticos.” Por ejemplo el lector puede consultar: http://economistasfrentealacrisis.com/wp-content/uploads/2015/09/ANEXO-Terminar-con-la-austeridad.pdf