El periodo neoliberal ha sido un desastre para la creación de empleos en México, sobre todo de empleo digno que aporte una verdadera mejora en la calidad de vida de los mexicanos. Podemos empezar con el mal llamado “presidente del empleo”, Felipe Calderón (2006-2012), que prometió en campaña la creación de un millón de empleos cada año. Su sexenio acabó con 867.271 desempleados más de los que había cuando inició su gestión. Para el periodo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apunta que el total de trabajadores formales se ubicó en 19.418.455 personas en 2017, es decir un incremento de 3,4 millones de asegurados desde 2012 a la fecha. Pero este empleo se concentró en rangos salariales bajos. En ambos sexenios se utilizaron diferentes programas para impulsar el empleo pero todos fallaron principalmente por la política neoliberal que se venía manejando.
Ahora comienza el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). AMLO, ha echado a andar un proyecto llamado “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual prometía garantizar el derecho a la educación y empleo a los jóvenes a través del cual se iban a crear 2,6 millones de empleos con un sueldo promedio de $3.600 pesos, lo cual, en época de pandemia, es una promesa muy lejana debido a que el sector empresarial, que se había subido al tren de la iniciativa, enfrenta problemas como la ruptura de las cadenas de valor o el paro de plantas productivas, lo que lleva en automático al incremento de desempleo de manera abrupta y descontrolada. Aunque AMLO ofrece crear 2 millones de empleos con la construcción de la refinería de dos bocas, el tren maya y el aeropuerto “Felipe Ángeles”. No hay que perder de vista que son empleos eventuales de bajo rango salarial, por lo que remedian en poco la pérdida de empleo.
El empleo en México es precario y de baja calidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 34% de la población ocupada percibe de uno hasta dos salarios mínimos es decir una percepción que fluctúa entre $1,921.00 pesos (73 €) a $3.842 pesos (146 €) mensuales; y el 26% se ubica en el nivel salarial de dos hasta tres mini-salaros, es decir de $3.842.00 a $5.763 pesos (219 €). Las personas que ganan lo equivalente al salario mínimo conforman 19% de la población ocupada, es decir hasta $1.921 pesos mensuales; que superan al 16.2% de los que ganan de tres a cinco salarios mínimos es decir de $5.763 a $9.605 pesos; y los que superan los cinco salarios mínimos son el 5.8% de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, el verdadero drama de México es la masiva extensión de la economía informal, que ronda el 56% de la población activa.
En este mercado precarizado y con altísimos niveles de exclusión la pandemia de la COVID-19 solo podía desencadenar una tragedia. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), tan solo del 13 de Marzo al 28 de abril se han perdido 707.000 empleos. De acuerdo a los pronósticos en el orden de una pérdida de empleos será entre 900,000 a 2,000,000. Los primeros sectores golpeados por la pandemia de la COVID-19 son el turístico y el de restauración (del cual ha cerrado el 75% de los negocios). También se espera la perdida de medio millón de empleos de la construcción debido a que el sector constructor ya venía en crisis antes de la pandemia el día de hoy incluso no pueden pagar sus sueldos.
La tragedia tiene dimensiones incalculables. Es imposible saber con certeza el total de los trabajadores que han perdido su fuente de ingresos entre la masa de trabajadores informales. El gobierno está destinando una escueta ayuda de $25.000 (€ 1.014) a los empleadores siempre y cuando se tengan afiliados a 6 trabajadores al IMSS, además que paguen el Impuesto Sobre la Renta. Pero la economía informal es el sustento de las familias mexicanas que viven con lo que venden al día en la calle. Para ellos es imposible recibir este apoyo y, aunque se pudiera tener acceso a él, no se podría pagar más que una quinceava parte del sueldo de trabajadores.
La respuesta de AMLO ha sido mediática, incluso tibia, con la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana. Esto no está ayudando a la recuperación del país y mucho menos al empleo. Por el contrario va a generar desempleo.
Lejos de conseguir un equilibrio presupuestario, este posicionamiento fiscal del presidente AMLO bajará la recaudación tributaria pronosticándose una caída entre 9.4% y 13.1%. Como explica la teoría monetaria moderna (TMM), en el circuito económico, las inyecciones siempre preceden a las fugas. Los impuestos son una fuga y el gasto público una inyección de dinero. Si el Gobierno aplica políticas de austeridad rebajando el gasto la consecuencia será un empeoramiento de la situación económica y una caída mayor de la recaudación. Si los ciudadanos no tienen acceso a aquello que sirve para pagar impuestos difícilmente podrán hacerlo.
México tiene que asumir la necesidad de incurrir en un gasto deficitario masivo si no quiere hundir a su economía en una prolongada depresión. No se debe perder de vista que hoy la mayoría de los países que están enfrentando la pandemia está trabajando con déficits fiscales que rondan el 10%
En un país como México, como en el resto de América Latina, el problema histórico es la insuficiencia de gasto público. Frente a la leyenda de que en América Latina ha habido procesos inflacionistas causados por culpa de unos gobiernos manirrotos predispuestos a imprimir billetes, la realidad es la contraria. El gasto público en México actualmente es inferior al 26% sobre el PIB cuando los países más avanzados tienen tasas de gasto público muy superiores. Su vecino del Norte tiene un gasto público del 37,9% y España del 43,9%.
Desde los años 80 Hispanoamérica y Brasil languidecen bajo un crecimiento lento, obscenas desigualdades sociales, reiteradas crisis financieras y carencia de un sistema de I+D o avances que modernicen su economía. El revelador ensayo de Augusto Zamora, Malditos Libertadores, explica como una casta oligárquica, siempre al servicio de potencias imperiales, ha sometido esas naciones a un régimen neocolonial que impide su desarrollo limitando la mayor parte de su actividad exportadora a las materias primas o a la maquila de bajo valor añadido. El racismo, la distribución inicua de los medios de producción, los períodos de militarismo autocrático desatados para contener cualquier intento de reforma o la escasa voluntad de las elites por desarrollar modelos innovadores de crecimiento, han impedido que estos países alcancen su pleno potencial.
La incapacidad de crecer y exportar para generar divisas se citan como la barrera insalvable para conseguir un aumento del gasto público. Pero sabemos que es al revés: es necesario que los gobiernos de América Latina gasten en sus propios países, utilizando su propia divisa para conseguir un aumento de la recaudación.
Los países de la América hispanoparlante son víctimas de un relato neoliberal que se articuló en el llamado ‘Consenso de Washington’. En esencia se atribuye al gasto público efectos inflacionistas y de expulsión del sector privado al competir por unos escasos fondos prestables. Los gobiernos por tanto obstaculizarían el desarrollo de esos países si intentaran aumentar su intervención en la economía. En este relato el derroche de los gobiernos estaría detrás de la crisis de deuda que asoló al continente durante los años 80.
El consenso de Washington coarta a los estados para que no gasten lo suficiente. Es culpable de que América Latina carezca de una escuela pública, universidades, salud pública y centros de investigación dimensionadas y dotadas de recursos suficientes. También, por ello, sus redes de transporte público son inadecuadas y obsoletas y las calles y carreteras parecen destartaladas y degradadas para cualquiera que visite el continente viniendo de Europa. Hay un exasperante y destructivo déficit de gasto público neto.
La realidad es que aquella crisis financiera de los 80 se debió a la malísima costumbre de los gobernantes de Iberoamérica de emitir deuda en divisas extranjeras y anclar el precio de sus divisas a la de alguna potencia extranjera, normalmente Estados Unidos. Un mínimo conocimiento de la teoría moderna de la moneda revela que el Consenso de Washington parte de un análisis erróneo. Pero este paradigma perverso paraliza a los estados en una subinversión crónica y, por tanto, en el subdesarrollo.
Si los gobernantes de América conocieran la TMM entonces entenderían la enorme potencia de ejercer su soberanía monetaria. El monopolista de la divisa tiene la capacidad de comprar todo aquello que se encuentre a la venta dentro de su ámbito de soberanía. Si el estado mexicano quisiera podría acabar con el desempleo y la pobreza extrema de un plumazo. El desastre descrito en el mercado de trabajo explica por qué es imperioso tomar medidas económicas como el plan de trabajo garantizado que se propone desde la TMM y apostar por el empleo público.
Un plan de trabajo garantizado sería un instrumento que cambiaría México para siempre, una revolución mucho más transformadora que la de 1910. Hay millones de personas que trabajan por sueldos miserables en la economía informal. Eso implica que jamás podrán acceder a unas mínimas prestaciones sociales. Si mañana el estado mexicano decidiera movilizar a estas personas en tareas que aportaran mayor valor añadido podrían abandonar las tareas de escaso margen empresarial que actualmente realizan. La venta callejera, los limpiabotas, los mendigos, incluso el crimen organizado, son actividades que deberían abandonarse inmediatamente para que el país pudiera centrarse en aquéllas que realmente importan, contribuyen a mejorar el nivel de vida y crean productos y servicios que son deseables tanto para nacionales como para extranjeros.
En un plan de trabajo garantizado el Estado podría movilizar a millones de personas para construir algunas infraestructuras públicas urgentes que necesita el país: remozar o construir nuevas escuelas, mejorar la red de transporte público, construir viviendas para alojar a los que malviven en la calle o en chabolas, mejorar los sistemas de suministro de agua potable y tratamiento de aguas residuales, etc…
Además, el plan de trabajo garantizado tiene la ventaja de que se pueden realizar tareas que no requieren del acceso a capitales extranjeros ni costosos bienes de equipo con altas tecnologías que deben comprarse con divisas extranjeras. Por tanto no aumenta la dependencia del exterior ni la necesidad perentoria de hacerse con divisas.
Pero un plan de trabajo garantizado debe ser complementario a un dimensionamiento adecuado del sector público. El trabajo garantizado se concibió como una respuesta a ciclos de crecimiento negativo y por tanto los participantes idealmente solo permanecerían en él temporalmente. México tiene necesidades de empleo público masivas: más maestros, profesores universitarios, investigadores, policías, jueces, ingenieros civiles o funcionarios.
México solo será un país moderno, próspero, seguro y avanzado cuando abandone el consenso de Washington y sus gobernantes conozcan el potencial que les ofrece el ejercicio de la soberanía monetaria.
