Acuerdo de reforma del sistema público de pensiones de jubilación

El ministro Escrivá y los agentes sociales (los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE) han llegado a un acuerdo para la reforma de las pensiones. Los aspectos más reseñables son los siguientes:

1. Anualmente Hacienda transferirá a la Seguridad Social el equivalente al 2% del PIB para cubrir el déficit de caja y los llamados “gastos impropios”.
2. Se suprimen algunas discriminaciones al igualarse los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban quienes habían realizado el servicio militar. Se equipara la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.
3. Uno de los aspectos más reseñables es que se suprime el factor de revalorización de las pensiones, implantado por el PP, que limitaba el incremento de las pensiones a un 0,25% cada año si el sistema registraba un saldo contable deficitario. Como la Seguridad Social tiene déficit todos los años este sistema implicaba una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas cuando la inflación superaba esa cifra. En el nuevo acuerdo las pensiones se revalorizarán en función del índice de precios al consumo observado en los doce meses anteriores al último mes de diciembre. Nos parece una evolución positiva aunque existen pensiones que apenas permiten la subsistencia y que deberían revisarse al alza.
4. Se suprime el llamado factor de sostenibilidad, que tomaba en cuenta tanto el factor de revalorización anual de las pensiones como el factor de equidad intergeneracional (FEI) de las pensiones. Este FEI toma en cuenta la esperanza de vida en el momento de la jubilación de los pensionistas. Se definirá un nuevo factor de equidad intergeneracional en negociaciones futuras.
5. Asimismo se intenta acercar la edad efectiva de jubilación, que ahora se sitúa en 64,5 años, a la edad legal mediante incentivos al retraso de la jubilación (un 4% de incremento por año de demora o la percepción de un pago único de entre 4.786 € y 12.050 €) y penalizaciones a la jubilación anticipada. En cuanto a los coeficientes reductores por jubilación anticipadala siguiente tabla resume las cuantías por por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplirvigentes y las acordadas ahora:

Un simple examen de la tabla permite comprobar que los coeficientes reductores han sido aumentados considerablemnte para quienes tienen menos años cotizados.

La aportación de Hacienda a la Tesorería de la Seguridad Social es una mejora pero nos parece que sería mucho más operativo y sencillo acabar con la ficción de una tesorería separada de la Seguridad Social reintegrándola en la Tesorería General del Estado. Del mismo modo que nadie plantea que haya una tesorería de la defensa, de la Casa Real o de obras públicas, que deba quedar equilibrada con la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas o la del impuesto sobre sociedades, tampoco el gasto en pensiones debería estar condicionado por el importe recaudado por cotizaciones a la seguridad social.

En cuanto a los factores correctores para retrasar la edad de la jubilación conviene recordar la realidad social de un país con altísimas tasas de desempleo de larga duración. Según el Instituto Nacional de Estadística en el grupo de 50 a 59 años en el año 2020, el 49,7% de las mujeres desempleadas y el 41,2% de los hombres desempleados eran de larga duración. Penalizar la jubilación anticipada para personas que no van a encontrar empleo es un sarcasmo sobre todo cuando en el Estado Español se ha renunciado a desarrollar políticas de pleno empleo desde los años 80. Tras algunos años, en el que un endurecimiento de las condiciones de prejubilación, consiguió aumentar algo la edad promedio de acceso a la jubilación, se observa un estancamiento.

La causa fundamental de que la edad efectiva de jubilación sea inferior a la legal son las jubilaciones anticipadas. Es difícil culpar a los jubilados de un comportamiento que más bien habría que reprochar a los empleadores. Las grandes empresas de este país como el Banco Santander, el BBVA o Telefónica han decidido que los trabajadores de mayor edad les sobran porque suelen tener mejores condiciones salariales (pactadas en tiempos de mayor equidad en las relaciones entre capital y trabajo). El acuerdo da una patada a las empresas en el culo de los trabajadores. La manera apropiada de aumentar la edad efectiva de jubilación es asegurar que el mercado de trabajo opere en condiciones de pleno empleo.

El vicio en origen del factor de sostenibilidad es que parte de una concepción conservadora de la hacienda pública donde la recaudación debe igualar matemáticamente el gasto. Esta concepción considera que un Estado es como un hogar que se enfrenta a una restricción presupuestaria. Sin embargo los 19 estados de la zona euro, conjuntamente, son los creadores de la moneda y por tanto no están sometidos a una restricción financiera sino a una restricción de recursos reales. Un Estado no es un hogar.

Los razonamientos de tipo conservador basados en el concepto “hacienda saneada” se contraponen al principio progresista y científico de la “hacienda funcional”. En esta aproximación se juzga el saldo presupuestario del gobierno en función de su impacto sobre la economía real —la situación de desempleo y la inflación— y no en función de variables de nulo impacto sobre el bienestar de la ciudadanía como el saldo contable de un ente ficticiamente segregado del resto de los presupuestos generales del Estado.

Un sistema de pensiones públicas no es más que un mecanismo para destinar un excedente productivo a las personas dependientes. Para esta finalidad el gobierno les entrega un poder de compra que crea el Estado. La capacidad del Estado para entregar ese poder de compra no está limitada por las cotizaciones a la Seguridad Social. Ésa es una restricción imaginaria. La verdadera restricción para el Estado es la existencia de tal excedente productivo.

Un sistema de pensiones públicas no es más que un mecanismo para destinar un excedente productivo a las personas dependientes. Para esta finalidad el gobierno les entrega un poder de compra que crea el Estado. La capacidad del Estado para entregar ese poder de compra no está limitada por las cotizaciones a la Seguridad Social. Ésa es una restricción imaginaria. La verdadera restricción para el Estado es la existencia de tal excedente productivo. En otras palabras si existen suficientes alimentos, alojamientos, vestimenta, médicos y cuidadores para atender a las personas mayores entonces el sistema será perfectamente sostenible con independencia de la cifra consignada en saldo contable. Por tanto la variable relevante para evaluar la sostenibilidad de las pensiones es la productividad. Todas las acciones que socavan la productividad de la economía como, por ejemplo, dejar al 16% de la población en edad de trabajar desempleada o descuidar la inversión pública en I+D, comprometen la sostenibilidad de las pensiones.

Esto no quiere decir que los ciudadanos no deban pagar impuestos; todo lo contrario, sin impuestos el sistema monetario dejaría de funcionar. Lo que se quiere decir es que la obsesión por el equilibrio permanente entre ingresos y gastos es contraproducente e innecesaria.

Es curioso que siempre se esté cuestionando la sostenibilidad de una de las partidas de gasto público pero otras, como el gasto en Defensa, Seguridad Ciudadana o infraestructuras, nunca se sometan al mismo nivel de escrutinio.

Las reformas que ha pactado por el ministro Escrivá con los agentes sociales suponen algunas mejoras pero sus premisas siguen siendo las del pensamiento neoliberal y la “hacienda sólida”. Abandonar el paradigma de pensamiento económico dominante y asumir un paradigma basado en la hacienda funcional permitiría abordar una reforma mucho más progresista alejada de factores fingidos de sostenibilidad y capaz de asegurar un bienestar real.