Destacado Editorial

MANIFIESTO DE RED MMT ESPAÑA SOBRE LA GESTIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA POSPANDÉMICA

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Escrito por Redacción


Desde la Asociación Red MMT España, integrada por economistas críticos y miembros de la sociedad de diversas profesiones comprometidos con la divulgación de la Teoría Moderna de la Moneda, observamos con alarma el colapso económico que está ocasionando la pandemia del virus COVID-19 y las medidas de confinamiento decretadas por los Gobiernos de la mayoría de los Estados del planeta. En particular, las perspectivas para nuestro país son causa de creciente preocupación. La perpetuación de las doctrinas económicas actualmente dominantes dificulta la elaboración de una respuesta política que esté a la altura del problema. La comprensión de la realidad operativa de nuestro sistema monetario, tal y como es, permite analizar los errores que se están cometiendo; así como proponer soluciones acordes a la evidencia empírica. La Crisis Financiera Global instaló una nueva normalidad en la cual los Bancos Centrales de todo el mundo se han visto obligados a ampliar sus balances. Estas acciones han tenido evidentes efectos distributivos, además de suponer un apoyo al endeudamiento de los Gobiernos. Claramente los Bancos Centrales se han implicado en la Política Fiscal. Debemos ir un paso más allá. Este es el momento de ejercer con plenitud las capacidades del emisor de la divisa estrechando la cooperación entre el Banco Central y los Gobiernos. La respuesta a la pandemia no puede ser dirigida por aspectos exclusivamente morales; se requiere emplear la aproximación de la hacienda funcional que postula responder a una depresión económica con una expansión suficientemente amplia del déficit público.

Situación de partida

España vivió una de las mayores crisis económicas de su historia reciente a partir del año 2008 a la que se dio respuesta con políticas de consolidación fiscal y devaluación interna que consideramos ineficaces e injustas. La recuperación económica fue más lenta de lo debido; y desigual, pues ha dejado a muchas personas atrás. Nuestra sociedad es ahora más desigual y tenemos niveles de producción y bienestar inferiores a los que corresponderían a nuestro potencial.

Cuando este ciclo mostraba signos de agotamiento llegó el virus COVID-19.

La pandemia no tiene precedentes en la memoria de esta generación. Es un fenómeno global, que ha golpeado con especial dureza a las economías más frágiles de la Unión Europea. Un sistema sanitario debilitado por más de diez años de políticas de austeridad parece haber contribuido a que el impacto haya sido aún más fuerte en nuestro país.

A las consecuencias sanitarias de la pandemia, que ha dejado una cifra de fallecidos sobrecogedora, se añade ahora un panorama económico sombrío e incierto. El PIB de España cayó en el primer trimestre de 2020 en 5 puntos porcentuales, y diversos pronósticos auguran un derrumbe aún mayor en el segundo trimestre. Las cifras de desempleo han alcanzado cotas de gran depresión de modo que muchos pequeños negocios, artistas, autónomos y trabajadores por cuenta propia o ajena, cuyas actividades han sido clausuradas, viven en la angustia y la incertidumbre. También muchas grandes empresas empiezan a experimentar dificultades y no se puede descartar que la crisis pandémica devenga en una financiera. Se vuelve a poner en riesgo la solvencia de nuestro debilitado sistema bancario. La dependencia excesiva de nuestra economía del sector turístico acentúa los perjuicios económicos.

La pandemia ha infligido un golpe inesperado a la economía global. Pero serán las consecuencias duraderas del shock de demanda causado por la pérdida de ingresos de muchas personas las que prolongarán las dificultades si no se actúa con contundencia.

Lo que no debe hacerse

Las primeras medidas de respuesta adoptadas por el Gobierno de España se han demostrado escasas y cicateras. Se han aprobado muchas medidas, quizás demasiadas, pero muy pocas de ellas implican un incremento del gasto público neto. Las grandes cifras de los titulares de prensa sobre los anuncios del Gobierno se deshinchan cuanto se revisa la letra pequeña. 

La pretensión de que avales, garantías y aplazamientos de impuestos serán un incentivo para movilizar fondos ociosos o estimular el crédito bancario resulta ingenua. El endeudamiento solo es razonable cuando los empresarios tienen expectativas de beneficios o ingresos futuros para devolverlos. En muchos negocios la demanda no se desplaza en el tiempo a voluntad de empresarios y clientes. Estos ingresos simplemente se desvanecerán y, por tanto, recurrir al crédito tiene poco sentido en estas situaciones.

La herramienta de flexibilidad del mercado de trabajo conocida como expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha sido positiva para impedir que se disparasen las tasas de desempleo. Pero, la prolongación de las limitaciones a muchos negocios en sectores como el turismo, la hostelería o el comercio, transformará esos ERTEs en despidos permanentes.

Es una fantasía pretender que se puede inducir un coma a la economía y despertarla dos meses después esperando que pueda ponerse en marcha como si nada hubiese pasado. Relaciones que existían entre empleadores y trabajadores; entre proveedores y clientes; entre acreedores y deudores quizá ya no se restablezcan cuando volvamos a la nueva (sic) “nueva normalidad”. Máxime cuando el entorno internacional es de depresión profunda.

Si bien agradecemos los esfuerzos de algunos ministros con mayor sensibilidad social por mejorar la atención a colectivos en situaciones de precariedad y exclusión, pensamos que las medidas avanzadas resultan insuficientes para muchas otras personas. Personas con historiales de cotización a la Seguridad Social insuficientes o simplemente contratadas irregularmente, prostitutas, temporeros extranjeros, manteros y tantas más carecen de coberturas y medios de subsistencia. El hambre ha empezado a asomarse en las ciudades con largas colas ante comedores sociales y bancos de alimentos.

Nos tememos que las ministras de las áreas económicas, mirando el déficit de reojo, han impuesto su criterio y han primado dogmas de fundamentalismo financiero.

Por otra parte, la pretensión de los Gobiernos italiano y español de mutualizar la deuda con la de los países del Norte evidencia una vocación de actor subalterno servicial con los mercados y suplicante con potencias extranjeras. Esperan aplacar a los mercados o extraer de otros estados los fondos necesarios para movilizar recursos en los nuestros. Alemania, Holanda y otros países del Norte han manifestado su escaso interés por auxiliar a poblaciones que no sean las propias, y sospechamos que Macron ha debido respirar aliviado cuando los socios del Norte han negado la ayuda que él solicitaba para los del Sur con escasa sinceridad.

Estos gestos han revelado lo ilusorio de un proyecto de unión construido sobre los principios del neoliberalismo y sin el sustento de un auténtico demos europeo.

Es comprensible que un Gobierno atenazado por sus convicciones europeístas, amamantado por las ortodoxas ubres del fundamentalismo financiero y aprisionado por normas institucionales europeas a las que nos comprometieron sus antecesores, actúe de esta manera. No pueden ser eficaces si no empiezan a cuestionar las normas fiscales vigentes en la zona euro. Carentes de todo fundamento científico, lejos de ser útiles, son el epítome de la irresponsabilidad. La Unión Europea se ha dotado de normas rígidas sobre límites de déficit, deuda y gasto público que se han incorporado a nuestra constitución y a una ley orgánica. La consecuencia de estas limitaciones institucionales es que obligan a nuestro Gobierno a un imposible: establecer un escudo social y recuperar nuestra economía no es posible sin inyectar dinero en la economía a través del gasto público; pero a la vez se evidencia un miedo cerval a incurrir en déficit público. Es un fútil ejercicio de sorber y soplar a la vez.

Para salir de esta situación falta solamente la voluntad política de movilizar los abundantes recursos reales existentes en nuestro país. Para ello hay que crear el dinero necesario a través de los presupuestos generales del Estado, es decir, permitir un déficit superior a los dos dígitos en porcentaje del PIB. Las ministras económicas parecen haber aceptado esta realidad, pero, acto seguido, se han apresurado a anunciar medidas de lucha contra el fraude fiscal y reformas fiscales como si el déficit fuera un pecado nefario. Esta palabra parece ofender sus virginales oídos.

Si bien la Comisión Europea ha anunciado que este año no obligará a cumplir con insensatas sendas de déficit, mucho nos tememos que la evidencia de que la suspensión es temporal dificulta que los Gobiernos se animen a salir de la celda, a pesar de que les hayan abierto la puerta para que se ejerciten en el patio de la prisión. Quizás porque intuyan que es una liberación temporal y breve.

Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que está dispuesto a comprar deuda pública y otros activos en los mercados hasta un límite de 750 mil millones. Tal medida podría ser un acicate a aumentar el superávit de gasto público neto de impuestos, pero resulta evidente que nuestro Gobierno no se anima a aprovecharlo. El hecho de que las primas de riesgo de las deudas públicas de Italia y España hayan despuntado induce a pensar que hay razones para desconfiar que esta relajación temporal que ofrecen las instancias europeas no nos meta en la trampa de mayores ajustes en 2021. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania declarando quelas operaciones de compra de activos por el BCE excedían sus competencias redunda en una percepción de insuficiente respaldo a nuestra deuda pública y pone en riesgo una acción más decidida de nuestro Gobierno.

Por mor de no incurrir en la ira de los mercados y futuras regañinas de Bruselas, el Gobierno parece confiar en exceso en el efecto de los estabilizadores automáticas como el aumento del gasto en prestaciones de desempleo y la caída de la recaudación. Nos tememos que no será suficiente. No podemos perder más tiempo en la ciénaga de las reglas fiscales. Hay que presentar un plan más valiente. Es cierto que nuestro Estado ha renunciado a su soberanía monetaria lo cual limita su capacidad fiscal. Quedamos al albur de decisiones que se toman en otras instancias tales como el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y, lamentablemente, los mercados. Así sea y actuemos como proceda cuando se presente el peligro cierto, pero ahora aprovechemos todas las rendijas que nos hayan abierto.

Lo que debemos hacer

Ante un colapso de la demanda del sector privado doméstico y del comercio internacional, solo quien tiene el monopolio en la emisión de la divisa, el Estado, puede responder con un programa de medidas anticíclicas de suficiente potencia. En la zona euro este monopolista es una hidra de múltiples cabezas: los diecinueve estados de la unión monetaria y el sistema de bancos centrales europeos. Un ser de muchas cabezas no puede actuar con la claridad de pensamiento y unidad de acción que tendría un ser de una sola testa, pero aprovechemos el estado de confusión en el que se encuentra este ser monstruoso. Por ello instamos al Gobierno para que actúe con decisión y osadía si no quiere que nuestro país se hunda de nueva en una prolongada depresión y regalar el poder a una derecha de tradición autoritaria, cicatera y neoliberal. Por eso proponemos cinco líneas de actuación.

  1. Deben iniciarse los trámites parlamentarios para desechar todo el entramado institucional de reglas arbitrarias, inaplicables y lesivas que incapacitan al Estado para dar la respuesta proporcionada que exige la crisis pospandémica. Las políticas de austeridad se han demostrado inútiles y costosas. Lejos de preparar a nuestro Estado ante la siguiente depresión, han aumentado los costes de la pandemia al erosionar la capacidad de nuestro sistema sanitario de responder al reto planteado por el COVID-19. El concepto de que un Estado puede ahorrar como si fuera un hogar es engañoso. El gasto no ejecutado por el Gobierno no crea fondos disponibles para gastos futuros. Un Estado prepara a la sociedad para cualquier eventualidad invirtiendo en sus infraestructuras y manteniendo sus servicios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera debe ser derogada, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal disuelta, la reforma del artículo 135 de la Constitución revertida, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los Tratados de la Unión Europea que exigen austeridad denunciados pues no somos una colonia sino un Estado soberano social y democrático signatario de los mismos.
  2. Hay que aceptar que el gasto público neto de impuestos debe crecer cuanto sea necesario hasta recuperar el pleno empleo. Debemos ir más allá de los estabilizadores automáticos con un plan quinquenal de largo alcance que permita recapitalizar empresas en sectores estratégicos, auxiliar a los más perjudicados por la crisis y suplementar la caída de la demanda en el sector privado con un aumento de la demanda desde el Estado. El déficit tiene que crecer hasta niveles de dos dígitos en porcentaje del PIB y eso no solo traerá ninguna catástrofe económica, sino que será lo que la evite. Esto significa, dentro del corsé institucional actual, emitir mucha deuda y que ésta sea adquirida por el agente del Banco Central Europeo en nuestro país, el Banco de España, sin límites ni condiciones. Pero no basta con gastar de cualquier manera. sino que hay que dirigir y orientar las políticas fiscales de manera que las personas más necesitadas, las regiones de la España vaciada, los sectores con mayor potencial de multiplicación del gasto y del empleo sean los principales destinatarios de ese gasto. El déficit público nunca debe ser el objetivo de la política económica sino el residuo de las políticas que equilibran la economía, en el sentido de asegurar el pleno empleo con estabilidad de precios, y nuestra relación con la ecología. La deuda pública es el ahorro neto del sector privado así que no debe preocuparnos su tamaño sino su distribución dentro de éste.
  3. La ministra Calviño anunció recientemente que el desempleo en España subiría hasta el 19% en 2020 como si fuese una desgracia caída del cielo y el Gobierno nada pudiera hacer para remediarla. El sector privado no se encuentra en condiciones de resolver el grave problema de desempleo que quedará como legado de la pandemia. Se debe implantar con urgencia un plan de empleo garantizado para reducir las tasas de desempleo rápidamente. Este instrumento tiene un poderoso efecto anticíclico pues permite aumentar el gasto público cuando cae el del sector privado. Es una herramienta que dotaría a las administraciones públicas de un recurso humano para dar soporte a plantillas funcionariales estresadas y menguadas por años de recortes presupuestarios. Permite introducir dinero en la economía rápidamente, recuperar los niveles de gasto en los hogares y generar la suficiente confianza como para que los empresarios y banqueros vuelvan a invertir en sus negocios. Cuando la actividad se recupere el empleo en el sector privado también lo hará y la plantilla del programa de trabajo garantizado menguará rápidamente reduciendo el gasto público. De esta manera el saldo de las cuentas públicas pasará de ser un objetivo de política económica a ser el residuo de las políticas que aseguren el pleno empleo permanente de nuestra economía. Como legado de esta era pospandémica el programa debería permanecer como un pilar del estado de bienestar.
  4. Una vez superada la situación de emergencia, debemos recordar la urgencia de responder al reto del cambio climático. Si algo nos ha demostrado la situación de confinamiento es que hay muchas tareas innecesarias que, una vez interrumpidas, han dejado de lesionar el medio ambiente. En cambio, otras han probado ser absolutamente cruciales para asegurar un nivel de vida digno. No estamos eligiendo bien las tareas y actividades que deben hacerse y estamos haciendo demasiadas cosas sin ningún valor para la sociedad y dañinas para el medio ambiente. El modelo capitalista depredador de la naturaleza está enfermo. Necesitamos transitar a un modelo más amable con las personas y con la naturaleza y ésa es la propuesta del Nuevo Pacto Verde: una transformación completa de nuestro patrón energético e industrial para su completa descarbonización, a la vez que se crean millones de puestos de trabajo.
  5. Debemos revisar nuestra relación con la Unión Europea. Hemos padecido ya una gran depresión inducida por las prescripciones económicas del neoliberalismo y exigidas con apremio desde las autoridades comunitarias y vamos camino de una segunda. También hemos de reconocer que las instituciones europeas han sido el escudo que ha justificado que los sucesivos gobiernos españoles del período democrático aplicasen reformas impopulares de corte neoliberal. Hemos vivido bajo la ilusión de un proyecto que se vendía como solidario, pero, cuando ha llegado la pandemia, los países del Norte han mirado hacia otro lado rehusando toda asistencia financiera o sanitaria. En Alemania el Tribunal Constitucional no ha dudado en impugnar las acciones del BCE lo cual revela la voluntad de su Estado de defender su soberanía frente a las instituciones europeas. Debemos mostrar más firmeza en la defensa de nuestros intereses, que deben ser los de la mayoría. Para empezar, debemos asegurarnos de que las suspensiones de reglas de decoro fiscal no sean temporales sino permanentes. Si nuestra prosperidad económica vuelve a ponerse en jaque porque se exijan sendas de ajuste presupuestario o no se preste suficiente asistencia desde el Banco Central Europeo a nuestra deuda pública entonces debemos replantearnos la utilidad de la moneda común.

Desde la fundación de nuestra asociación venimos realizando todas estas reivindicaciones. No se aporta pues nada nuevo; sólo cambia la urgencia. Los recursos financieros no son un problema siempre y cuando haya un banco central que se comprometa con los Estados. Y la asignación de recursos reales surgida de contratar a trabajadores desempleados en empleos decentes reducirá costes relacionados con la salud mental, la mala salud física, la exclusión social, la delincuencia, el suicidio, vicios como la drogadicción, el alcohol o la ludopatía, o la desestructuración familiar. Estos problemas sociales tienen altos costes económicos y tienen claramente mayor incidencia en comunidades con alta prevalencia de desempleo a largo plazo. Si conseguimos una asignación de recursos reales eficiente a través del pleno empleo, incluso podremos decir que estas líneas de actuación aquí expuestas se pagarán solas.

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