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Lost Generation EU: 07. ¿Quien recibirá el dinero de los fondos Next Generation?

caballo en la niebla
Escrito por Stuart Medina

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Reformas estructurales

En entregas anteriores de nuestro observatorio sobre los fondos Next Generation EU (NGEU) hicimos un análisis sobre la cuantía de los fondos que iba a recibir España. Comprobamos que, una vez deducidas nuestras aportaciones incrementadas al presupuesto de la UE, en realidad la cantidad que nos llega es mucho menos espectacular de lo que se ha contado en los medios.

Por otra parte los fondos Next Generation EU se han acompañado de un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que es un mero listado de programas sin excesivo detalle acompañado de un exvoto de reformas estructurales presentado a la Santísima Comisión Europea. Este plan básicamente recoge las recomendaciones para España del Semestre Europeo, razón por la cual no es sorprendente que la Comisión Europea lo calificara con las más altas notas.

A muchos ciudadanos el “semestre” no les dirá mucho pero es importante entender cuál es la función de esta nueva institución europea. El Semestre Europeo es un

«ciclo de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias, sociales y de empleo dentro de la UE. Forma parte del marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Aunque inicialmente el Semestre Europeo era principalmente un ejercicio económico, ha evolucionado y su proceso integra ahora otros ámbitos políticos pertinentes».

El Consejo Europeo sirve para “coordinar aspectos tales como

  • las reformas estructurales, dedicadas a promover el crecimiento y el empleo,
  • las políticas sociales y de empleo, en consonancia con los principios del pilar europeo de derechos sociales,
  • las reformas estructurales establecidas en los planes nacionales de recuperación y resiliencia,
  • las políticas presupuestarias, para garantizar la sostenibilidad de la hacienda pública de conformidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
  • la prevención de desequilibrios macroeconómicos excesivos.(Consejo Europoeo, 2021).

En otras palabras, el semestre europeo es uno más de los mecanismos que los Estados europeos han ido agregando al listado de instituciones opacas que sirven para evitar que la definición de las políticas económicas sea discutida en sede parlamentaria y quede sometida al escrutinio de la ciudadanía. O dicho de forma más honesta, es un mecanismo para socavar la democracia puesto que las decisiones importantes se toman en un cónclave cerrado en el que los debates no trascienden a la opinión pública. De esta manera la UE garantiza que las reformas estructurales, que normalmente son muy impopulares, se impongan sin un mímimo debate acerca de su bondad o utilidad.

Se ha descrito hiperbólicamente como “momento Hamilton” el hecho de que la Comisión Europea emita bonos para financiar el programa NGEU. En realidad estamos hablando de un anticipo de la Comisión Europea que tendremos que devolver con aportaciones incrementadas y que nos somete a mayores controles políticos de agentes externos. A cambio no vemos ningún avance en la democratización de las instituciones europeas. Quizá al gobierno más progresista de la historia le entusiasme el momento Hamilton. A nosotros nos genera una justificada alarma. Sigue al mando de esa institución la insípida aristócrata luterana, Úrsula Von der Leyen, a la cual nadie recuerda haber votado.

Capitalismo en respiración asistida

Aunque los “billones que vienen de Europa” se quedan en poca cosa cuando analizamos las transferencias netas en porcentaje de nuestro PIB no podemos ignorar que el programa NGEU tendrá consecuencias dramáticas internas. Estamos hablando de un programa con potentísimos efectos redistributivos. Los denominados Proyectos Estratégicos de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) supondrán una transferencia de recursos del Estado hacia el sector empresarial. Como explica Manolo Monereo «asistimos a una reconfiguración del capitalismo español». Como argumentó en un potente artículo Monereo, cuando concluya el programa NGEU

«los grupos de poder económico y las grandes corporaciones serán mucho más fuertes; su poder de mercado más determinante y su control sobre el conjunto de la economía, decisivo. Se profundiza en un modelo de poder donde la plutocracia controla medios de comunicación, financia a las fuerzas políticas y hace de la corrupción el mecanismo usual de control de la clase política. La paradoja es muy grande: un gobierno de izquierdas fortalece a unos grupos de poder económicos que han sido, son y serán el mayor obstáculo a una democratización sustancial de la política, la economía y la sociedad» (Monereo, 2021).

Para entenderlo no queda más remedio que profundizar en el reparto de los fondos. Ya advertimos que los servicios públicos y  políticas sociales iban a ser la Cenicienta del reparto de fondos. Con grandes apuros encontramos 1.069 millones € destinados a la palanca ‘18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud’. Para la economía de los cuidados se destina la generosa cantidad de 2.500 millones. Recordemos que son presupuestos para toda la vida del programa. Dividiendo las cantidades por anualidades nos salen cantidades testimoniales que no llegan a compensar la larga década de austeridad que ha masacrado los servicios públicos.

Formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas españolas en porcentaje del PIB (fuente: elaboración propia a partir de datos de la contabilidad nacional publicad por el Instituto Nacional de Estadística)

¿A dónde va el dinero? Nos dan pistas el listado de PERTE que ha aprobado o está evaluando el Gobierno, por un lado, y, por otro, las manifestaciones de interés. En cuanto a los primeros hasta la fecha se ha aprobado un solo PERTE, un proyecto

«para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red» para «convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad’. El desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros».

Además de las ayudas se plantea un entorno regulatorio favorable tales como un proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, el desarrollo de una formación profesional —que suministrará abundante mano de obra tuneada al gusto de la industria— o el despliegue del 5G

La apuesta por el coche eléctrico nos plantea dudas más que razonables. Pensábamos que la amenaza del cambio climático obligaba a replantearse el modelo de movilidad para hacerlo más sostenible con soluciones de transporte colectivo. Parece que se pretende una sustitución 1:1 de coches de motor de explosión por coches eléctricos. Así parece confirmarlo la propia memoria del PERTE.

Además, se prevé que el impacto a nivel de matriculación para 2023 sea de 250.000 vehículos eléctricos matriculados y que haya entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.

Hay algo más de 34 millones de vehículos en España así que se pretende renovar casi el 1% de la flota con este tipo de vehículos para 2023.

Como ya ocurrió con el vehículo con motor explosión convencional será el Estado quien ponga la infraestructura que posibilite el desarrollo de ese sector industrial. Al igual que en el siglo XX puso las carreteras asfaltadas y el monopolio de petróleos CAMPSA desarrolló la red de gasolineras en el siglo XXI el Estado impulsará el desarrollo de los puntos de recarga y facilitará una cuarta parte de la financiación que necesita la industria para desarrollar vehículos eléctricos conectados. Es maravilloso el Estado capitalista siempre a remolque de la iniciativa privada.

No nos parece descabellado contar con una estrategia de desarrollo industrial pero eso no implica aceptar ciegamente las estrategias basadas en dar cheques en blanco sin contrapartida. Si la jugada sale bien los beneficios serán jugosos para los accionistas de los fabricantes. Pero es desasosegante carecer de respuesta a las siguientes preguntas:

  • ¿Cómo se puede aceptar con tranquilidad que el Estado español financie el desarrollo de una industria cuyos centros de decisión están ubicados en Alemania, Francia, EEUU o Italia?
  • ¿Qué contrapartidas recibirá el Estado español en el caso de que la apuesta resulte exitosa?
  • ¿Era esto lo que quería y necesitaba la ciudadanía española?

Presupuesto del PERTE de vehículo eléctrico

Un aspecto poco comentado por los medios es que las grandes empresas oligopolistas de este país se quedarán con un buen pellizco de las transferencias que salen del Estado español. Parte de las ayudas tomarán la forma de préstamos que serán reintegrados al Estado con los correspondientes intereses pero otra parte serán subvenciones a fondo perdido. Pero “los millones que vienen de Europa”, de donde salen las ayudas a la industria, generan obligaciones futuras del Estado. Nos hemos comprometido a incrementar nuestras aportaciones al presupuesto europeo para compensar los descuentos que se han asegurado los sufridos países del Norte Europeo que están exangües, como todo el mundo sabe.

Aparte de este PERTE existen otros tres en estudio de los que sabe poco en los campos Aeroespacial, de Cadena agroalimentaria y de Medicina personalizada. No sabemos si se aprobarán otros PERTEs. Ideas parece que no faltan tal como sugiere la publicación de 25 ‘expresiones de interés’ recabadas tras un proceso de consulta pública.

«Estas consultas recogen posibles ámbitos de actuación y contribuyen a aportar una visión más amplia y plural para que el diseño de las líneas pueda tener en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos.

Su objetivo es lograr que las inversiones y ayudas del Plan se adecúen a las necesidades del tejido empresarial y de los ciudadanos. Se persigue que el diseño de políticas y programas públicos parta de información precisa y directa proporcionada por las empresas y los actores sociales. Es una herramienta frecuentemente utilizada por la Comisión Europea, pero muy poco aplicada en España.»

Entre las expresiones de interés (Tabla 1) abundan las relacionadas con las energías sostenibles, la implantación del 5G, la movilidad eléctrica, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. También se han propuesto proyectos relacionados con las residencias de mayores o la rehabilitación de viviendas. Sin embargo otros sectores por los que se había  apostado en el pasado, como la biotecnología, están conspicuamente ausentes. En cualquier caso, se puede afirmar que hay un verdadero aluvión de propuestas procedentes de todos los ámbitos de la sociedad, destacando las originadas desde las administraciones locales. Tras una década de bajos niveles de inversión pública (ver Ilustración 2) resulta refrescante comprobar que también muchas administraciones locales han presentado proyectos. Tienen ganas de recuperar el tiempo perdido. Esto nos reafirma en la impresión que era posible otro modelo de recuperación económica que confiara menos en los grandes oligopolios, ayudara a reducir la excesiva concentración en algunos sectores, como la banca o la energía, y destinara mayores partidas a resolver los grandes problemas sociales que realmente parecen inquietar a la sociedad civil.

Pero el diseño de Next Generation EU va por otro camino. El lenguaje altisonante sobre transformaciones tras las cuales no nos reconocerá ni nuestra madre nos sugiere que lo que interesa al Gobierno y la Comisión es financiar proyectos de los principales sectores industriales del país, sin contrapartidas. Tenemos al capitalismo en respiración asistida. No tendremos UCIs para enfermos de COVID sino para empresas capitalistas.

Entre tanto, se sigue sin abordar dos grandes problemas históricos de este país: las obscenas tasas de desempleo y el subdesarrollo de nuestro sistema nacional de ciencia cuyo papel parece que se reorienta cada vez más al de departamento de desarrollo auxiliar de la industria.

Buscando atajos

Las ayudas de estado en la UE están sometidas a restricciones relativas  a las llamadas ayudas no competitivas. Es decir, el Estado puede financiar a empresas pero tiene que parecer que se hace bajo un proceso competitivo y que en realidad solo se están corrigiendo fallos de mercado. Esto implica que el acceso a los fondos deberá hacerse a través de complejas convocatorias que ralentizan el proceso de toma de decisiones.

Pero el Gobierno sabe que no queda mucho tiempo. Por eso ha publicado el Real Decreto-Ley 36/2020, justificado bajo la guisa de una modernización del derecho administrativo. Este RDL regula los mecanismos para distribuir las ayudas del PRTR. A lo largo de 97 páginas un dictamen del Consejo de Estado encuentra defectos de técnica normativa y problemas de seguridad jurídica por doquier. El RDL introduce una regulación excepcional de los convenios para articular la colaboración entre las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y los sujetos de derecho privado o en la creación de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). El RDL suprime en la práctica totalidad los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones en las normas vigentes de contratación administrativa, subvenciones y los convenios público-privados aduciendo la situación de urgencia. Se suprimen informes preceptivos y autorizaciones previas, se abrevian trámites registrales y reducen mecanismos de control —tales como la función interventora— previstos para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos por las entidades beneficiarias de los fondos de recuperación y resiliencia. Se crean condiciones favorables para los contratos de obra y servicio con plazos más largos de recuperación de la inversión y excepcionalmente se permiten plazos de vigencia de los contratos de suministro energético, que se alargan a 10 años prorrogables otros siete, cuando la duración máxima para los convenios era hasta ahora de cuatro años prorrogables otros cuatro. Son buenos tiempos para ser un CEO de una empresa del IBEX-35.

Por estas razones el dictamen concluye que

«no puede emitirse una opinión favorable sobre las excepciones que el proyecto contiene respecto a los diferentes regímenes en materia de autorización previa, a la exigencia de informes preceptivos o incluso al ejercicio de la función interventora. Estas modulaciones se proyectan sobre ámbitos sensibles y especialmente necesitados de mecanismos de control, como pueden ser los de la contratación administrativa, las subvenciones y los convenios».

Una forma ineficaz de reactivar la economía.

La improvisación y chapuza legislativa se explica por la urgencia de conseguir la recuperación económica dentro del escueto margen temporal que permite la cláusula de escape de las políticas de equilibrio presupuestario. Pero en el pecado llevan la penitencia. Se pretende resolver la crisis económica causada por la pandemia cambiando nada menos que la estructura económica de España. No discutimos que otra estructura productiva rindiera mejores servicios a la población española. El modelo de chiringuito de playa, contratos laborales basura e industria auxiliar del automóvil ha agotado su recorrido. Pero pensamos que una emergencia no es el momento para abordar proyectos de tal envergadura. Cuando hay una catástrofe hay que paliar los daños. En una inundación primero hay que disponer sacos terreros, limpiar los cauces, o acoger a los damnificados; tras un terremoto hay que limpiar los escombros, rescatar y curar a las víctimas. No es el momento de lanzar un proyecto de investigación sobre arquitectura resistente a los sismos. Tampoco una pandemia es el momento de abordar precipitadamente la transformación de nuestro tejido industrial.

Hace más de un año que llegó la pandemia y nuestro nivel de producción sigue por debajo del que teníamos en vísperas de la crisis. Parecería razonable pensar que en estos momentos lo urgente sería reparar lo que ha fallado durante la pandemia: la falta de UCI, la devastación en las residencias, ocuparse de quienes han padecido el cierre prolongado de sus negocios, mejorar las condiciones laborales de los colectivos que han sufrido un elevado estrés y agotamiento durante la gestión como médicos, enfermeros, etc… Medidas de gasto público urgente como las políticas de sostenimiento de rentas (ERTE, etc.)  y un plan de empleo garantizado serían mucho más eficaces para conseguir una rápida recuperación económica.

El PRTR dilata hasta 2023 o más allá la recuperación de la actividad económica. El gobierno está planteando proyectos de largo alcance con una puesta en marcha compleja que requiere mucha planificación y que tardarán muchos años en rendir frutos. Las transformaciones de la estructura económica deben basarse en una planificación cuidadosa. Uno esperaría que el Gobierno plantease un proyecto tan ambicioso realizando los oportunos estudios de la estructura económica de España, evaluando sus potencialidades y debilidades, identificando cuellos de botella y oportunidades. Nos da la impresión de que el Gobierno tiene demasiada prisa.

Incluso el influyente economista europeísta Paul de Grauwe ha planteado serias objeciones a los planes de recuperación basados en el programa NGEU. En un reciente informe se pregunta

«si este programa puede actuar como un potente instrumento para la recuperación de la UE. La respuesta es que esto es improbable por dos razones. La primera es el tamaño de los FRR [Fondos de Recuperación y Resiliencia]. Un programa de gasto de potencialmente hasta 700 mil millones es significativo pero, dado que el gasto se extiende sobre el período 2021-26, el estímulo promedio anual apenas supondrá más del 1% del PIB europeo.

La segunda son los plazos. Muchas inversiones públicas llevan mucho tiempo de preparación desde el momento de la decisión hasta el momento en que el gasto efectivo activa la economía. Una parte importante de los FRR consisten en inversiones y esta parte comenzará a estimular la economía de la UE años después de 2021. Estas inversiones públicas son de gran importancia para incrementar la producción potencial futura pero no son un buen instrumento anticíclico. La conclusión es que, por importante que el programa Next Generation EU sea para el futuro de a UE, no es un instrumento potente para sacar inminentemente a la economía de la UE de la recesión pandémica» (De Grauwe, 2021).

Esta precipitación sugiere que en el Gobierno reina la conciencia de un pronto retorno a las políticas de equilibrio presupuestario. Ven una ventana de oportunidad que estará abierta poco tiempo. A la economía española, cual Cenicienta de las europeas, le queda poco tiempo para disfrutar de la suspensión de reglas de déficit y deuda públicos. Necesita aprovechar la coyuntura para realizar las inversiones públicas y las políticas industriales que la austeridad europea no le ha dejado realizar en diez años. Pero ya han empezado a sonar los cuartos, y los alemanes están perdiendo la paciencia con las políticas expansivas del BCE. Se acerca la medianoche cuando el oscuro manto de la austeridad se cernerá sobre nosotros, quizá para otra nueva década. Pero ésta no es forma de llevar un país y mucho menos una transformación de nuestro modelo productivo.

Tabla 1. Expresiones de interés

1. cadena de valor del hidrógeno renovable 502 proyectos
2. proyectos solventes con impacto para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación 4.153 proyectos con una gran disparidad de tamaño, si bien hay una importante concentración de temáticas. Más de la mitad de las manifestaciones proponen la transición energética (54,9%), impulso de la bioeconomía (27,4%), destinos turísticos sostenibles (27%), proyectos de transformación social (23,4%) y recuperación del patrimonio y difusión de proyectos culturales (22,4%)
3. proyectos tractores que modernicen la industria española 716 propuestas con una inversión total propuesta de 185.281 millones de euros.
4.Proyectos asociados a la movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil 539 propuestas
5. proyectos asociados a la conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G 145 propuestas
6. Identificación de proyectos de Comunidades energéticas locales 459 propuestas, un 75% de las cuales combinan generación renovable con eficiencia energética o movilidad
7. proyectos asociados a la energía sostenible en las islas 712 propuestas de organismos autonómicos, insulares y locales, entidades privadas y sociedad civil.
8. Identificación de proyectos para fomentar la economía circular en el ámbito de la empresa 1.224 proyectos.
9. Identificación de proyectos para el despliegue de renovables, integración en sectores productivos o edificación, innovación y cadena de valor Se han presentado más de 1.000 propuestas
10. proyectos de infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético 517 propuestas. Las más numerosas fueron las de almacenamiento, nuevos modelos de negocio en transición energética, gestión de la demanda y digitalización de redes. Las presentaron 158 empresas y 64 entidades públicas
11. Proyectos para el Transporte Sostenible y Digital 389 proyectos con una inversión propuesta de 11.542 millones de euros. La inversión media por proyecto es de 29,6 millones de euros
12. Identificación de proyectos asociados a microelectrónica 19 proyectos,
13. Identificación de mecanismos para la integración de la Inteligencia Artificial en las cadenas de valor 457 manifestaciones de interés,
14. Transformación Digital de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 255 formularios y 1.507 actuaciones
15. Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de las pymes y el impulso a la industria del sector 216 propuestas tienen un componente de I+D y 163 contribuyen de manera directa o indirecta al objetivo de transición verde.
16. zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano Preseleccionados 590 proyectos
17. Plan de Impulso para la rehabilitación de edificios públicos PIREP 3152 proyectos
18. Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales Preseleccionados proyectos
19. Ayudas económicas para la digitalización de las PYME y autónomos: Programa Digital Toolkit En análisis
20. Plan de impulso al sector audiovisual, Spain Audiovisual HUB En análisis
21. Proyectos innovadores y solventes en el despliegue de las tecnologías 5G y 6G En análisis
22. constitución del HUB español de GAIA-X y el establecimiento de un hub específico de datos en el sector turístico En análisis
23. costes de actuaciones de un programa de ayudas para la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia En análisis
24. Participación en el potencial Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Infraestructuras y Servicios en la Nube En análisis
25. impulso de la ciberseguridad a través de la Compra Pública Innovadora y la elaboración del Mapa de Demanda Temprana En análisis

Referencias

Consejo Europoeo, 2021. Semestre Europeo. [En línea] Available at: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
[Último acceso: 25 agosto 2021].

De Grauwe, P., 2021. Euro Area fiscal policies and capacity in post-pandemic times, Bruselas: Parlamento Europeo.

Monereo, M., 2021. Sobre los fondos europeos: recomposición del capitalismo español y consolidación del modelo oligárquico finaciero-empresarial. [En línea] Available at: http://www.redmmt.es/05-sobre-los-fondos-europeos-recomposicion-del-capitalismo-espanol-y-consolidacion-del-modelo-oligarquico-finaciero-empresarial/
[Último acceso: 25 agosto 2021].

 

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